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EL DIARIO digital
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En medio de la ofensiva del Gobierno Nacional para derogar la Ley de Tierras (Nº 26.737), un exhaustivo relevamiento realizado por investigadores del Conicet encendió las alarmas sobre la propiedad del suelo en La Pampa.
El informe, basado en estadísticas actualizadas a agosto de 2025, muestra que si bien la provincia es la quinta con menor extranjerización del país, existen zonas puntuales donde la presencia de capitales foráneos supera la media nacional.
El trabajo, encabezado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, destaca que en Argentina hay más de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras -una superficie equivalente a toda Inglaterra-. En territorio pampeano, la cifra asciende a 345.811 hectáreas, lo que representa un 2,42% del total provincial. Aunque parece un número bajo, la cifra creció un 0,3% desde 2022.
Los puntos "calientes" La preocupación de los investigadores radica en la escala departamental. El mapa interactivo marca en "amarillo" a dos distritos pampeanos que perforaron el promedio nacional del 5%:
Atreucó: Posee el 7,44% de su suelo (26.586 hectáreas) en poder de extranjeros.
Loventué: Registra un 5,77% (53.277 hectáreas) bajo dominio foráneo.
Otros departamentos con porcentajes significativos, aunque bajo la media país, son Quemú Quemú (3,59%), Lihuel Calel (3,49%) y Utracán (3,34%). El reciente aumento de tierras vendidas a extranjeros se concentró principalmente en Caleu Caleu y Maracó.
Soberanía en juego
Desde el Ejecutivo provincial, que conduce Sergio Ziliotto, ya habían advertido que la derogación de la Ley de Tierras equivale a "poner a La Pampa en venta y barata". Los investigadores del Conicet coinciden: la presión por derogar la norma no es casual, sino que apunta a facilitar el control de recursos estratégicos como el agua dulce y los minerales en zonas fronterizas.
A nivel nacional, el ranking de propietarios lo encabezan ciudadanos estadounidenses (con una superficie mayor a la provincia de Tucumán), seguidos por italianos y españoles. "Permitir la expansión extranjera sobre estas áreas supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana", concluyeron Caggiano y Oberlin.
