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EL DIARIO digital
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El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió citar a declaración indagatoria, en los términos del artículo 20 del reglamento, al juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava. La convocatoria fue dispuesta para el mes de febrero, aunque todavía no se fijó una fecha concreta.
La decisión fue adoptada este miércoles por unanimidad por la Comisión de Acusación del Consejo, que entendió que existen elementos suficientes para avanzar en el trámite disciplinario contra el magistrado. Díaz Lacava enfrenta cargos por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro, además de denuncias por violencia y acoso laboral y violencia contra la mujer en relación con personas identificadas en el dictamen acusatorio.
La citación se da en el marco de una resolución más amplia mediante la cual el Consejo de la Magistratura habilitó la feria judicial de enero para continuar con investigaciones disciplinarias contra tres magistrados: el juez federal de Rosario Gastón Salmain, el integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava y el juez civil y comercial federal Alejandro Maraniello.
La medida fue impulsada por el presidente de la Comisión de Acusación, el senador nacional Luis Juez, y aprobada sin disidencias. El objetivo es avanzar durante el receso judicial en la producción de prueba y otras diligencias en expedientes que presentan situaciones procesales en desarrollo tanto en el ámbito judicial como administrativo.
En el caso de Díaz Lacava, la Comisión busca profundizar la investigación en un contexto en el que el magistrado ya fue procesado penalmente en dos instancias. En junio de este año, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó su procesamiento por lesiones leves y graves, amenazas simples y coactivas, cometidas contra trabajadores y trabajadoras judiciales en un contexto de violencia laboral y de género.
Esa resolución ratificó lo decidido por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, y amplió la imputación al incorporar el delito de abuso de autoridad, además de confirmar imputaciones por desobediencia y retardo de justicia. Según surge de las actuaciones, los hechos investigados incluyen conductas destinadas a amedrentar e intimidar al personal del tribunal y el presunto incumplimiento de restricciones de acercamiento dictadas de manera cautelar.
La declaración prevista en el artículo 20 constituye una instancia clave dentro del proceso disciplinario, ya que permite al magistrado ejercer su derecho de defensa antes de que la Comisión de Acusación defina si corresponde formular una acusación formal y elevar el caso al Plenario del Consejo para evaluar una eventual suspensión y su envío a juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento.
