Peligro vial en la ruta 151: 15 kilómetros destrozados en el acceso a 25 de Mayo
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EL DIARIO digital
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La diputada provincial del FreJuPa, Noelia Sosa, presentará este jueves a las 11 horas una denuncia formal en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que se investigue el proceso licitatorio del área hidrocarburífera El Medanito. De esta manera, la legisladora vernista busca que el fiscal Juan Carlos Carola ponga bajo la lupa las supuestas irregularidades en el proceso.
La presentación judicial se suma a su dictamen en disidencia dentro de la Comisión de Precalificación y Preadjudicación, donde advirtió que la documentación elaborada por el Poder Ejecutivo "viola la Ley 3.620" y "lesiona grave y groseramente los intereses del erario público y de todos los pampeanos por más de dos generaciones".
El martes por la tarde finalmente se aprobó el pliego de la licitación de El Medanito. La denuncia pide que se investigue la responsabilidad de quienes suscribieron el dictamen. Fue aprobado por Matías Toso (Secretaría de Energía y Minería), Gonzalo Sondón y Cristian Buss (Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería), Griselda Ostertag (Asesoría Letrada de Gobierno), Guido Bisterfeld (Ministerio de Hacienda y Finanzas), Vanina Basso (Secretaría de Ambiente y Cambio Climático), Leonel Emanuel Monsalve Herrera (Municipalidad de 25 de Mayo), María de los Ángeles Roveda (Pampetrol S.A.P.E.M.), el diputado radical Julián Aguilar y el macrista Enrique Juan (Legislatura Provincial).
La única votación en contra fue la de la diputada Noelia Sosa, mientras que la diputada kirchnerista María Luz Alonso no participó por encontrarse ausente. Además, Nicolás Romano (director por la oposición de Pampetrol S.A.P.E.M.) dejó asentado que no participaría del procedimiento por razones políticas, legales y técnicas, quedando su posición registrada en el acta.
Duros cuestionamientos
Sosa –referenciada en el vernismo y oriunda de 25 de Mayo– cuestionó duramente la metodología definida por el Ejecutivo para establecer qué parte de la producción pagará regalías del 20% (Producción Básica) y cuál tributará el 15% (Producción Incremental). Según sostuvo, el Pliego de Bases y Condiciones se apoya en un "método ficticio y no certificado" basado en el software Sahara, una herramienta usada para modelar escenarios teóricos pero no para medir producción real.
El corazón de la crítica radica en la "curva básica de producción" fijada por el Ejecutivo para los 15 años de concesión, que asigna mensualmente volúmenes predeterminados de petróleo y gas que se considerarán Producción Básica. "El software no mide, modela. Y fue alimentado con información oscura, incompleta y alejada de la realidad productiva del área", sostuvo.
La diputada alertó que uno de los datos decisivos cargados al modelo –las reservas certificadas al 31 de diciembre de 2024– no está disponible en la Secretaría de Energía de la Nación, pese a ser de publicación obligatoria. Tampoco figura en el Data Room de la licitación. "Es un dato que nadie vio, que no fue informado ni certificado", señaló.
Otro insumo que –según Sosa– distorsiona la curva es la fuerte caída en la producción registrada desde 2022, que adjudicó a la decisión de la operadora actual, PCR, de reducir inversiones ante el fin de la concesión. "Esa declinación no refleja la realidad del yacimiento. Una vez renovada la concesión, la producción volverá a niveles acordes a su potencial, pero el Ejecutivo proyecta ese escenario extraordinario hacia el futuro, generando un modelo irrisorio", planteó.
Las implicancias económicas, afirmó, son gravísimas: el pliego proyecta para el quinto año una caída del 75% en la Producción Básica respecto de los niveles actuales, y del 93% para el décimo año. "En cinco años la Provincia cobrará regalías del 20% sobre apenas un cuarto de lo que hoy produce El Medanito; en diez, sobre menos del 7%. Es un perjuicio multimillonario", denunció.
También objetó que Sahara carece de certificación ISO o API, requisito indispensable para cualquier sistema que determine volúmenes de producción. Como alternativa, propuso el uso de caudalímetros multifásicos certificados internacionalmente, que miden en boca de pozo los volúmenes reales, tal como exige la Ley 3.620. Su instalación, recordó, representa solo entre el 3,5% y el 5,5% del costo de un pozo nuevo.
En el dictamen, Sosa concluyó que el pliego del Ejecutivo "crea una escena ficticia para justificar la transferencia ilegal de ganancias al futuro concesionario". Y ratificó su postura: "No voy a acompañar ninguna decisión que comprometa recursos públicos por los próximos 25 años sobre la base de proyecciones irreales y datos manipulados".
Este jueves llevará sus cuestionamientos al plano judicial. "La gravedad institucional del proceso amerita la intervención de los organismos de control", había anticipado.
