El presupuesto provincial se aprobó solo con el voto del FreJuPa

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó este jueves por mayoría el Presupuesto 2026. Salió solo con los votos del oficialismo, mientras que la oposición cuestionó el SIRCREB y la alta presión impositiva.

"Todas las reestructuraciones presupuestarias que había visto en los archivos eran sobre excedentes. Esta vez nos tocó tratar una reestructuración por faltantes presupuestarios", dijo la diputada María Luz Alonso en el inicio de su alocución respecto al Presupuesto 2026.

La diputada del FREJUPA manifestó que, de acuerdo a las pautas macroeconómicas que enmarcan el proyecto nacional de presupuesto para el año 2026, se proyecta una inflación del 10,1% para el próximo año y un tipo de cambio de $1.423, "yo pregunto, sinceramente, si alguno cree que la inflación del año que viene será un tercio de la de este año".

Cuestionó además el anunciado equilibrio fiscal del Gobierno Nacional: "Si metemos los intereses de las letras debajo de la línea, así somos todos ingenieros contables". Al respecto, indicó que, incluyendo esos intereses, "el déficit financiero nacional del último mes fue de 2,3%".

Alonso advirtió que una eventual reforma tributaria nacional tendrá impacto directo sobre los recursos provinciales: "El 59% de los ingresos provinciales son de origen nacional. ¿Usted cree que con una reforma tributaria ese porcentaje no se va a modificar? Por supuesto que sí".

Recordó, además, que la Legislatura debió aprobar una ley de emergencia para que la provincia asumiera obras paralizadas por la Nación. Comparó la situación pampeana con provincias vecinas que "se están endeudando para pagar gastos corrientes", y destacó que La Pampa no tuvo esa necesidad "por responsabilidad política y responsabilidad fiscal".

A su vez, describió el deterioro de la situación económica de las familias: crecimiento de la mora en tarjetas de crédito, aumento de cheques rechazados y caída del consumo. Cerró señalando que el desafío del Presupuesto 2026 es asegurar el funcionamiento del Estado en un escenario de "incertidumbre absoluta" y garantizar que los servicios públicos esenciales "se brinden de forma eficiente".

Finalmente, sostuvo que "desde la oposición queremos que al país le vaya bien, porque así le va a ir bien a la provincia". Y agregó: "Mientras tanto, no vamos a dar un paso atrás; ni con nuestra historia ni con nuestra doctrina". Y dijo: "este no es el presupuesto que queremos, es el que podemos", para cerrar su alocución.

Cuestionamientos.

El diputado Hipólito Altolaguirre manifestó su desacuerdo con las "prioridades definidas" por el Poder Ejecutivo. Señaló que, al revisar el Ministerio de Obras Públicas, "en cuanto a rutas, en la Dirección Provincial de Vialidad se han previsto para el 2026 fondos para continuar con lo presupuestado en años anteriores, todo ello con recursos de afectación específica y aportes no reintegrables de Nación". Indicó que, desde rentas generales, solo se proyecta una partida de 1.200 millones de pesos y que, a valor dólar, "el total de trabajo público presupuestado es un 12% por debajo del presupuesto 2025".

Altolaguirre también cuestionó la "falta de información" sobre la partida personal: "Lamentablemente no pudimos conocer el total de bajas y altas del año 2025, dado que los funcionarios no contaban con la información requerida".

Por su parte, la diputada Laura Trapaglia planteó una serie de cuestionamientos vinculados al orden de prioridades, la asignación de recursos y el rol que debe cumplir la ley de presupuesto en la organización del Estado provincial.

Trapaglia sostuvo que "el presupuesto es un estado de previsión", pero advirtió que "no puede reducirse solo a eso". En ese sentido, enfatizó: "Es mucho más que un instrumento financiero. Pienso que es la ley de leyes para asegurar el buen funcionamiento del Estado y el desarrollo de la provincia".

La legisladora señaló discrepancias profundas con la estructura de gasto propuesta. "En el orden de prioridades de asignar recursos tengo una diferencia irreconciliable: ¿cómo puede ser que la Secretaría de Gobierno tenga un presupuesto similar al Ministerio de la Producción?", expresó, subrayando que dicha situación refleja una escala de prioridades que, a su criterio, "no responde a las necesidades estratégicas del desarrollo provincial".

Posteriormente, la diputada Sandra Fonseca realizó diversas observaciones y remarcó que "hay un recorte encubierto" y que "vemos un Estado sin capacidad de respuesta".

Ley Impositiva.

El diputado Daniel Lovera, informante del oficialismo, dijo que los impuestos y las valuaciones tuvieron un aumento promedio del 30%, acorde con el proceso inflacionario del 2025.

Explicó que la valuación del Impuesto Automotor toma la escala de ACARA (deja de lado la del Registro Automotor) lo que representa un incremento en todas las valuaciones. Serán considerados exentos los vehículos del año 2014.

Respecto a los autos eléctricos se hace una exención, subiendo el monto en un 73% para alcanzar a más modelos.

Se incrementaron un 30% los impuestos, en los mínimos y las valuaciones, detalló Lovera. Al Impuesto a los Sellos se le aplicó un aumento del 30% en los mínimos. Se elevó a 84 mil pesos el mínimo. 

En el impuesto inmobiliario adicional sigue sin aplicarse, pero suspendido. En el Inmobiliario Rural también se aplicó un incremento del 30% en las valuaciones. 

"La ley atiende la capacidad impositiva, busca la formalidad económica y que el Estadio provincial cumpla su rol", dijo Lovera.

"Más presión tributaria y más discrecionalidad", dijo Enrique Juan (PRO) al definir la Ley Impositiva, que también rechazaron desde el bloque PRO-MID.

"Tenemos otro modelo, uno que invita a invertir y levantar galpones no que las ahuyenta", afirmó. Dijo que pidieron eliminar cientos de tasas que complican la inversión y el trabajo diario. "No fue tratado el proyecto", afirmó.

"Propusimos estabilidad fiscal para el campo, porque el productor necesita que no le aumenten los impuestos según las necesidades del Ejecutivo", dijo. "El SIRCREB corrompe el sistema económico, generando saldo eterno a favor del fisco", remarcó.     

Definió el impuesto inmobiliario adicional como "un impuesto fantasma" que describe al Gobierno provincial que lo mantiene para usarlo cuando lo necesite. "Define una idea de pensar", disparó. 

"Es un sistema que ahoga y concentra para sostener un Estado empresario ineficiente que compite con el privado y no lo deja crecer", remarcó.  

El diputado Maximiliano Aliaga (CO) también anunció el voto negativo a la Ley Impositiva. Recordó que le preguntó al subsecretario de Ingresos Públicos, Vicente cuando se recauda con el SIRCREB: le informó que son 7.200 millones de pesos mensuales.

"Hay madres a las que les descuentan el SIRCREB por alimentos, o a quien cobra una indemnización", dijo el legislador.

Criticó el costo financiero que genera el impuesto a los ingresos brutos a la actividad financiera. "Castiga a la producción, no a la actividad financiera", remarcó.

El diputado provincial Javier Torroba criticó también al SIRCREB. "Esto acentúa la rivalidad entre el Estado y el privado. Muchos empiezan a considerar al Estado como un enemigo. Y uno de los motivos es el SIRCREB". Dijo que es "uno de motivos que le hacen mal el Estado".