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EL DIARIO digital
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La Asociación Rural de General Acha (ARGA) celebró una Asamblea Extraordinaria el pasado lunes 17 para regularizar su situación institucional, y se eligió una nueva Comisión Directiva tras meses de cuestionamientos a la conducción anterior. Sin embargo, la calma institucional se vio opacada por una grave denuncia penal contra un integrante clave de la gestión entrante y que ya estuvo a cargo de la ARGA.
La asamblea, que contó con una importante concurrencia de productores, eligió a las nuevas autoridades que asumirán el reto de la reorganización tras la impugnación de la elección anterior por parte del Gobierno Provincial.
La presidencia quedó a cargo de Aroldo Lagonero, la vicepresidencia en manos de Walter Ziaurriz, la secretaría a cargo de Federico Ruiz y la tesorería en manos de Matías Maisonnave.
Las nuevas autoridades señalaron que el objetivo es restaurar el funcionamiento interno luego de "cuatro meses de desorden institucional con gastos excesivos", incluyendo un "aumento desmedido en la contraprestación de su jefa técnica", situación que se comprometieron a revisar.
Productores y simpatizantes expresaron su apoyo a los nuevos directivos, destacando que son "personas jóvenes con muchas ganas de retomar nuevamente las riendas de la ARGA" y reconstruir los vínculos con el municipio y el gobierno provincial.
Denuncia penal
A pesar de la asunción de la nueva conducción, trascendió que la presidenta saliente, Adriana Leher, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal contra el flamante tesorero, Juan Matías Maisonnave.
La denuncia acusa a Maisonnave de "uso indebido de cheques y administración irregular de fondos" durante el periodo en que ejerció la presidencia de la entidad (2024-2025).
Según detalla la denuncia presentada por Leher, Maisonnave habría implementado un sistema conocido como "bicicleta financiera personal" con fondos de la asociación: la Asociación Rural recibía cheques de socios (por vacunas, servicios o aportes) que eran cobrables a corto plazo. Maisonnave retiraba esos cheques institucionales de cobro inmediato y los reemplazaba por cheques personales de su titularidad de montos muy superiores, pero con plazos de cobro diferidos de 120, 180 y hasta 300 días.
Si bien no se detectaba un faltante contable en los balances, la maniobra permitía "sustraer liquidez inmediata de la institución" al desviar fondos de la Asociación a operaciones personales del dirigente.
La denuncia pide a la Fiscalía que se investigue el desvío de fondos y la posible complicidad de ex miembros de la Comisión. Además, solicita determinar si los hechos encuadran en los delitos de Administración Fraudulenta (Art. 173 inc. 7) o Fraude en perjuicio de una asociación civil (Art. 174 inc. 5) del Código Penal.
