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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) - Una mujer fue formalmente imputada este lunes por amenazas agravadas por el uso de arma, amenazas simples y daño simple, luego de una secuencia de actos de hostigamiento contra otra mujer. Los responsables de la investigación indicaron que la violencia escaló en diferentes fechas, culminando en la exhibición de un cuchillo con intenciones intimidatorias.
La secuencia de hechos, detallada por la parte acusadora, reveló que la imputada cometió agresiones reiteradas que pusieron en riesgo la seguridad de la víctima a lo largo de varias semanas.
La escalada comenzó en octubre con amenazas verbales y alcanzó su punto más crítico el 9 de noviembre, cuando la acusada blandió un arma blanca y profirió amenazas de muerte. Un último incidente de hostigamiento se registró el 13 de noviembre, momento en el que se procedió a la notificación y detención de la mujer para comparecer ante el Ministerio Público Fiscal.
Además de la intimidación con arma, la denunciante reportó daños en un jardín y un hostigamiento constante, tanto presencial como verbal.
Respecto al origen de la disputa, los investigadores manifestaron que todavía no se ha determinado el móvil exacto que desencadenó las agresiones. Se sabe que no existe un vínculo familiar directo entre las mujeres, pero sí una relación indirecta a través de un tercero. Este punto será crucial para la investigación, y se espera esclarecerlo con la ampliación de la declaración de la denunciante.
Ante la persistencia de los actos de asedio, la parte acusadora solicitó una medida cautelar urgente. En la audiencia judicial, la jueza aprobó una restricción total de acercamiento y contacto por un plazo de 90 días, la cual fue aceptada por la defensa oficial.
El caso está en manos del fiscal Juan Pellegrino, quien requirió la formalización que se desarrolló presidida por la jueza de Control Ana Laura Ruffini, con la participación del defensor oficial Héctor Freigedo.
En cuanto a la situación penal, se detalló que el delito de amenaza agravada por el uso de arma prevé una pena de uno a tres años. Al considerar el concurso real de delitos con las amenazas simples y el daño, la máxima expectativa de pena podría ascender hasta diez años de prisión. La imputada no cuenta con antecedentes condenatorios y se abstuvo de declarar durante la audiencia.
La investigación continuará durante los 90 días de la restricción, período en el cual el Ministerio Público Fiscal profundizará en el trasfondo del conflicto para avanzar en la acusación final.
