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EL DIARIO digital
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La enfermera del Hospital Gobernador Centeno, detenida por la falsificación de al menos 30 certificados médicos para justificar licencias, fue formalmente imputada por la Justicia. El Fiscal Adjunto Matías Juan confirmó que los delitos son falsificación de instrumento privado, uso de instrumento privado falso y fraude a la administración pública.
Tras la audiencia de formalización ante la jueza María Jimena Cardoso, la imputada Carina Rekofsky quedó en libertad, aunque bajo una medida de coerción sustitutiva.
El fiscal explicó que la causa se inició a partir de la denuncia del médico cirujano cuya firma y sello fueron supuestamente falsificados en los certificados.
"El doctor. nos da cuenta de que él la desconoce en absoluto como paciente, niega haber confeccionado esos certificados, dice que son falsos tanto la firma, la letra, el contenido como su sello inclusive," afirmó Juan. Y detalló que el fraude tenía como fin "justificar varios días de licencia de ausencia en su trabajo en el servicio de enfermería" del Hospital Centeno.
El funcionario judicial explicó que la administración pública, "creyendo en la autenticidad de esos certificados, termina abonando algo o días de ausencia que no debía abonar." En las próximas semanas se buscará determinar el número concreto del daño causado al erario público provincial.
La audiencia estuvo presidida por la jueza Maria Jimena Cardoso.
La denuncia del médico data del 29 de octubre y fue presentada ante la fiscalía tras una previa denuncia en el ámbito administrativo del hospital.
La imputación a la enfermera, que cuenta con cuatro años de antigüedad en el hospital, tiene una pena que va de 2 a 6 años de prisión y tiene una pena accesoria de inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.
El fiscal confirmó que, de ser condenada, perdería su cargo y quedaría inhabilitada de por vida para futuros puestos de la misma naturaleza.
Sin salida alternativa
Si bien la imputada fue formalizada y se le otorgó la inmediata libertad (al no haber riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación), la fiscalía ya anticipó su posición respecto a una posible salida alternativa.
"Es parte de la política criminal de esta fiscalía general que hechos de esta naturaleza en que se falsifican certificados de un médico e involucra la salud pública provincial, no reciban salidas alternativas", enfatizó Matías Juan.
El fiscal indicó que, en principio, no se daría el consentimiento para una suspensión del juicio a prueba (probation) y se buscaría una condena, ya sea mediante un acuerdo de juicio abreviado o en un juicio oral. Esta postura se basa en antecedentes recientes de la fiscalía en casos similares.
Como medida de coerción, la acusada deberá presentarse cada 15 días en la Comisaría Tercera por un término de 60 días. Además, se enviará copia de las actuaciones al Ministerio de Salud y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que ya está al tanto del hecho.
