Chile vuelve a importar carne y deja sin sustento la barrera sanitaria
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
La jueza de Control María Elena Grégoire, condenó a un hombre a siete meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber violado reiteradas medidas judiciales de restricción, amenazado a su expareja y sustraído dinero y una tarjeta de débito, en un contexto de violencia de género. Fue declarado reincidente y la pena se ejecutará de inmediato.
El fallo, dictado tras la homologación de un juicio abreviado, tuvo en cuenta la admisión del acusado y el acuerdo alcanzado entre la fiscal Cecilia Molinari, la defensora oficial Paula Arrigone y el propio imputado. La víctima fue informada del acuerdo y no se opuso a su prosecución.
A lo largo de 2025, el condenado incumplió en varias oportunidades las medidas de restricción de contacto dispuestas por la Justicia de Familia y por la jueza de Control. En enero se presentó en el local de ropa de su ex pareja, la amenazó —"va a pasar lo peor"— y luego fue a su domicilio, donde la agredió físicamente mientras ella estaba embarazada. Durante ese episodio, además de golpearla y quitarle el celular, se llevó $90.000 en efectivo y una tarjeta de débito de la que luego faltaron $5.000.
Días más tarde volvió a acercarse a la vivienda y al negocio, la intimidó nuevamente y repitió las amenazas. En junio, la violación de la perimetral llegó a un extremo: el hombre ingresó al Hospital de Santa Rosa, donde la mujer se encontraba internada tras dar a luz, lo que motivó la intervención policial y su detención.
Pruebas y contexto de violencia de género
La jueza valoró las denuncias de la víctima, los informes policiales y de personal de seguridad del hospital, los videos de cámaras de seguridad y los informes técnicos del área de Política de Género y de la Unidad Fiscal de Género, Niñez y Adolescencia. Todos esos elementos, sostuvo, confirman un patrón de violencia psicológica, física y económica, con una "visión de propiedad" del imputado sobre su ex pareja.
Grégoire analizó los hechos con perspectiva de género, conforme a la Ley 26.485, y destacó que la conducta del acusado "revela una violencia sistemática y persistente", ejercida incluso durante el embarazo y el puerperio, etapas de especial vulnerabilidad.
El tribunal consideró probados los delitos de desobediencia judicial, amenazas simples y hurto simple, todos en concurso real, y concluyó que la pena de siete meses de prisión efectiva era proporcional a la gravedad de los hechos.
El acusado fue declarado reincidente, ya que registra antecedentes penales computables, y se dispuso la ejecución inmediata de la condena.
La jueza ordenó comunicar el fallo a los juzgados de Familia y de Ejecución, e inscribir la sentencia en el Registro Nacional de Reincidencia.
