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EL DIARIO digital
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La diputada provincial Gisela Cuadrado (UCR) presentó un proyecto de resolución en el que reclama que el decreto del Ejecutivo que regula las deudas de las cooperativas eléctricas con la Administración Provincial de Energía (APE) quede condicionado a la entrega de información completa y verificable, y a la creación de una Mesa de Monitoreo y Seguimiento.
En su propuesta, la legisladora plantea que las entidades presenten balances auditados, inversiones de los últimos cinco años, planes de obra, estructura tarifaria, costos operativos, indicadores de calidad del servicio, subsidios recibidos y el destino de los excedentes, además de datos sobre consumos, deudas y planes de pago de los usuarios. La Mesa estaría integrada por representantes del Ejecutivo (Secretaría de Energía y Minería y APE), del Legislativo, de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, de Defensa del Consumidor, de asociaciones de usuarios y de la FEPAMCO. Su misión sería supervisar los compromisos, recomendar acciones y publicar informes semestrales de acceso público.
El decreto 2103/25 del Ejecutivo habilita a las cooperativas a regularizar deudas vencidas al 30 de septiembre de 2025, en un máximo de 120 cuotas con interés del 1,5% mensual más IVA. Exige un anticipo del 20% y prevé, en caso de incumplimiento, aplicar la tasa de interés del Banco de La Pampa a 180 días y elevar el caso a la Fiscalía de Estado para su cobro judicial. También permite extender financiamiento a cooperativas con convenios vigentes y suscribir nuevos acuerdos.
Cuadrado aclaró: "No estamos en contra de la medida del Ejecutivo. Es una herramienta más para asistir a las cooperativas frente al déficit que atraviesan, producto del aumento del precio de la energía en el mercado mayorista y la difícil situación económica. Pero debe aplicarse bajo condiciones claras".
La diputada recordó que en 2022 ya se habían firmado convenios de regularización en 120 cuotas con una tasa anual del 18,25%, aunque al cierre de 2024 la deuda de las cooperativas con APE superaba los 9.000 millones de pesos. Señaló que la propia APE admitió no realizar auditorías externas y recibir solo declaraciones juradas de las entidades.
"No puede haber salvatajes financieros con fondos públicos sin información, sin planes de inversión ni compromisos de mejora en la calidad del servicio. Los usuarios tienen derecho a saber en qué se aplica cada peso de su factura", remarcó. Y añadió: "La Pampa es una de las pocas provincias que no registra deudas con CAMMESA. Cada retraso de las cooperativas con la provincia se cubre con fondos públicos, lo que obliga a contar con datos transparentes y un seguimiento riguroso de cada convenio".