Tercera jornada del Programa X + Derechos en La Adela
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EL DIARIO digital
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Las pymes productoras de biodiésel de todo el país suspendieron por completo la producción destinada al mercado interno, y la crisis impacta de lleno en La Pampa, donde funcionan dos plantas claves: Pampa Bío, de la firma Lartirigoyen en General Pico, y Enresa, de Gente de La Pampa en Catriló.
El parate alcanza a 25 establecimientos radicados en Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Entre Ríos, que abastecen el corte obligatorio de gasoil previsto en la Ley 27.640. Desde las cámaras empresarias advirtieron que la decisión responde al atraso de 15 meses en la actualización de los precios regulados, que las obliga a vender por debajo de sus costos.
De acuerdo con los cálculos de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), el precio fijado por la Secretaría de Energía es de $1.408.687 por tonelada, cuando el costo real de producción asciende a $1.641.000. Según la normativa vigente, el valor debería rondar los $1.691.000 para garantizar un margen mínimo de rentabilidad.
La diferencia vuelve inviable continuar operando. "Más del 90% de los insumos, como el aceite de soja y el metanol, están dolarizados. Con la devaluación y sin actualización de precios, no se puede sostener la actividad", remarcaron desde el sector.
Riesgo de desabastecimiento
El freno a la producción no solo amenaza la continuidad de las plantas pampeanas, que generan empleo y valor agregado en el interior de la provincia, sino que también pone en riesgo la provisión de gasoil a nivel nacional. La Ley de Biocombustibles establece un corte obligatorio del 7,5% en el gasoil, pero en los últimos meses ese nivel no se alcanzó: en noviembre fue del 4% y en febrero y marzo se ubicó por debajo del 6%.
El sector acumula pérdidas por más de u$s 80 millones desde mediados de 2024, y aunque por ahora no se registraron despidos, las empresas advirtieron que podrían derivar en suspensiones de personal o vacaciones anticipadas.
Un reclamo al Gobierno
Las tres cámaras que agrupan a las plantas –Cepreb, la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba)– apuntaron directamente contra la Secretaría de Energía. Cuestionan que los precios no se actualicen de acuerdo a la fórmula prevista en la Ley 27.640, sino en función de "objetivos macroeconómicos" vinculados al control de la inflación.
Según sus estimaciones, una actualización plena del biodiesel implicaría apenas $19 más por litro de gasoil, un impacto mínimo en el surtidor que, remarcan, podría ser absorbido por las refinadoras.
