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EL DIARIO digital
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El acuerdo, que tiene el consentimiento de las familias, establece una pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso y la inhabilitación profesional de seis años para Yamil Arena, el ingeniero en seguridad e higiene de la empresa Vial A. Además, deberá complementar 48 horas de trabajo comunitario.
Tal como adelantó El Diario, la audiencia se desarrolló en la mañana de este lunes en el Centro Judicial Santa Rosa. "La aceptación hasta acá es formal por parte de quien ejerce la presidencia que es el juez Daniel Sáez Zamora. La Sentencia se va a leer el próximo 29 de septiembre", confió una fuente judicial.
"Ni el Estado ni la UOCRA hacen nada", lamentaron en una ocasión los familiares de una de las víctimas, que también apuntaron a otras responsabilidades, como la del capataz de la empresa Vial A, Pablo Andrade, quien habría ordenado a los jóvenes realizar una tarea para la que no estaban calificados.
"En la provincia no hay antecedentes de condena a técnicos de seguridad e higiene. Este caso sí representa justicia ejemplar y sienta precedente", dijo la abogada querellante Victoria Rambur.
"Es una condena alta justamente por el agravante de existir dos víctimas fatales. No es menor a la que hubiéramos conseguido en un debate, hubiese sido lo mismo, pero sin pasar a la familia por esa experiencia traumática", completó Rambur.
El acuerdo
La resolución del caso a través de un juicio abreviado implica que Arena admite su culpabilidad a cambio de una pena menor y sin la necesidad de un juicio oral. Si bien el acuerdo se habría logrado con el consentimiento de las familias, que expresaron la necesidad de "cerrar un proceso" para mitigar un "dolor interminable", la decisión pone fin a la investigación sobre otros cargos jerárquicos.
Sin embargo, fuentes cercanas a la causa no descartan que las familias continúen su búsqueda de justicia. "Por ahora alcanza solo a Arena, pero no se descarta de ir por más, de buscar otras responsabilidades", confió una fuente a este diario. Esto significa que la pena para el ingeniero no cierra la puerta a futuras imputaciones o a un juicio más profundo.
El caso, que puso en evidencia las graves falencias en las condiciones de seguridad laboral en la provincia, podría tener un cierre parcial, dejando abierta la posibilidad de que la búsqueda de justicia por la muerte de Iriarte y Olgado continúe en otras instancias judiciales.
