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EL DIARIO digital
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Los diputados del PRO, La Pampa, Martín Maquieyra y Martín Ardohain, bancaron los vetos del presidente Javier Milei al aumento de los jubilados y a la ley de emergencia en discapacidad. Maquieyra tuvo un rol protagónico en el debate, intentando defender el veto de Milei a la ley para atender la emergencia en discapacidad. Dijo que su voto es fruto de la "coherencia".
El legislador dijo que la situación debía remediarse actualizando el nomenclador que lleva "años de retraso" por via de una resolución del gobierno nacional. "Es un reclamo que lo consideramos razonable, sobre todo porque viene de varios años. Por eso es llamativo ya lo decíamos en la sesión anterior que los que parece que no gobernaron nunca y que no tienen responsabilidad del descalabro del sistema de las prestaciones de las personas con discapacidad, hoy vengan a plantear la solución al desastre que dejaron. Y estoy hablando específicamente del kirchnerismo", apunto.
"Los que hoy acusan de insensible a los que no acompañamos esa ley por coherencia, son los que liquidaron el sistema. En el año 2020, en medio de la pandemia, tuvimos una inflación de un 36%. En ese año, el retraso del nomenclador fue de 26%, porque no actualizaron en su totalidad las prestaciones. En el año 2021, con una inflación del 50%, se ajustó solo 34%, de vuelta acumulando más retraso. En el año 2022, con 94% de inflación, el retraso y el descalce fue del 21%. En el año 2023, el gobierno de Alberto Fernández y de Massa, que dejó el país con una inflación de 211%, se comió el 100% de la actualización", reprochó.
"Y hoy vienen a dar cátedra de la crisis del sistema de las prestaciones de las personas con discapacidad. Primero háganse cargo del desastre que dejaron, háganse cargo de la crisis en la cual está el sistema, de los talleres que vienen cerrando y vienen faltando a sus prestaciones desde hace años. Pero nunca les importó la discapacidad, solo les importaron los negocios", acusó.
Maquieyra, en cambio, defendió al gobierno de Milei. "Hizo una actualización hacia fin de 2024 del 100%, es decir, recuperando en parte lo que se habían fumado Massa y Alberto Fernández", tiró.
Maqueiyra insistió en que se debe actualizar el nomenclador y eligió creerle al gobierno que "ha anunciado un paliativo para el 17% que ya se tiene este año de inflación y creemos que es la solución: no traer para que el Congreso legisle en cuestiones que se pueden resolver con una resolución".
"Esperamos esa resolución conjunta que deba dictar el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad, y que empiece a eliminar este retraso, a traer previsibilidad y a que sea un avance concreto para la demanda de debate en este recinto", reafirmó.
Por otra parte, Maquieyra valoró las auditorías que encargó el gobierno nacional incluso dándole crédito a la versión de que se detectaron algunas que se dieron con radiografías de animales. "No hay peor corrupción que el funcionario que le da un derecho que le corresponde a una persona por tener una incapacidad que no le permite poder trabajar, y se lo da a un puntero, a otra persona. Le está quitando el derecho a esa persona a poder recibir una pensión mayor. Es hipócrita, es increíble, cínico lo que han hecho", disparó.
En otro tramo de su intervención, Maquieyra le pegó al gobierno provincial. "Nos tratan de insensibles en mi provincia, cuando nuestra provincia no adhirió a la ley de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Así que hago un llamado también a la Legislatura de La Pampa, que tanto parece preocuparle a muchos diputados provinciales la discapacidad, a que se pongan a trabajar en adherir a esa ley. Porque de relato lo único que piensan conseguir es unos votitos más",
"La postura de nuestro bloque es la postura de la coherencia. Nosotros hemos rechazado esta ley y hoy vamos a acompañar el veto presidencial, porque es la postura coherente de nuestro bloque. No podemos votar primero una ley en contra y después, quizás alguno por alguna cuestión electoral, querer cambiar, porque hay mucho de eso acá en otros bloques", destacó.
"Hablábamos en la sesión que dio sanción a esta ley del costo fiscal, sin atrás un reparo en ese financiamiento de ese gasto, que la Oficina del Presupuesto del Congreso estima en medio punto del PBI. De vuelta, sin decir de dónde van a sacar esos fondos. Si sumamos 600.000 personas más al sistema de protección de personas con discapacidad, aquellas personas que hoy reciben una pensión por invalidez, lo único que van a lograr es licuar sus haberes, licuar la percepción que ellos tienen, es decir, llevarlos a una situación mucho peor", conjeturó.