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Plata negra en la Legislatura: otro feroz cruce en el PRO violeta

La candidata a diputada nacional Adriana García cuestionó a la diputada provincial Celeste Rivas por el escándalo de los gastos reservados usados como sobresueldos.

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EL DIARIO digital

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El escándalo de los sobresueldos que la diputada Celeste Rivas dejó en primer plano provocó un furioso cruce con la candidata a diputada nacional por el espacio libertario, Adriana García. García, que es segunda postulante en la lista de Adrián Ravier, cruzó a Rivas luego de que la legisladora confesara que usa gastos reservados millonarios de la Legislatura para pagar un alquiler y su vehículo.

Adriana García fue candidata a intendenta de General Pico en 2023, luego de ser concejala. Ahora va por una banca nacional. En el inicio de la campaña, fustigó a Rivas y dijo que los diputados y diputadas provinciales tendrían que eliminar los gastos reservados.

"No soy de las que acompañan el tema de los gastos reservados, me parece que hay que sacarlo por proyecto", se diferenció rápidamente García en declaraciones a Radio Kermés.

"Estoy segura de que si a mí me figura un gasto reservado, lo voy a devolver porque no es un dinero que a mi me corresponde. En mis funciones legislativas no me corresponde cobrar un sobresueldo, lo voy a devolver al Estado nacional y que el Estado reasigne ese recurso para quien realmente lo necesite", insistió. 

Agregó: "esto es un proyecto que deberían presentar los diputados provinciales para que se elimine". Y completó: "me parece que con lo que hoy ganan podrían ayudar de su propio bolsillo, esos gastos reservados son innecesarios".

Tal como publicó El Diario, el cíclico escándalo por el uso de los gastos reservados de la Legislatura provincial vuelve al centro de la escena.

Rivas dijo este lunes, durante una entrevista en el programa "Se Picó", de Radio Kermés, que cobra ese dinero "en negro" y que lo usa para gastos personales.

Dijo que cada legislador o legisladora recibe mensualmente una suma aproximada de $1.200.000 que no figura en le recibo y con la que pueden hacer lo que les plazca, sin rendir cuentas. Ese pago "en negro", que anualizado representa alrededor de $500 millones en total, fue fruto de anteriores debates y discusiones en la Legislatura. En general, son dineros destinados a la ayuda social, o incluso al financiamiento de campañas políticas, pero que nada impide que, como en este caso, se destinen al uso de gastos personales.

El uso y abuso de esa plata negra regresa sobre la opinión pública cíclicamente, y en especial cuando la crisis social golpea a los sectores más necesitados. A veces, a la propia dirigencia política que clama por ajuste en los gastos estatales le cuesta dar ese primer paso.

   

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