Advierten por un proyecto de ley que crea una burocracia millonaria 

En la Legislatura pampeana avanza el debate de un proyecto que encendió luces de alerta en el Ejecutivo Provincial por sus implicancias políticas, administrativas y presupuestarias. Se trata de la iniciativa del diputado de la UCR, Javier Torroba, quien busca crear el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, un organismo destinado a monitorear el trato a personas privadas de libertad en la provincia.

Desde el Poder Ejecutivo cuestionan el momento, el contenido y el impacto económico de la propuesta. El proyecto prevé la creación de un Comité con más de 10 integrantes, un Consejo Consultivo interpoderes y una Secretaría Ejecutiva con personal, sede y recursos propios. Todo ello con autonomía funcional y autarquía financiera, lo que implicaría cuantiosas erogaciones del presupuesto provincial, sin que el texto legal especifique de dónde se obtendrán los fondos.

En un contexto en el que el gobierno provincial ha debido afrontar un sinnúmero de políticas públicas esenciales debido al retiro del Estado nacional, el proyecto aparece como desfasado e innecesario frente a las prioridades sociales más urgentes. "No es el momento para ampliar el Estado con estructuras costosas que duplican funciones que ya existen", es la lectura dentro del oficialismo, donde se señala que organismos como la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y el Ente de Políticas Socializadoras ya cumplen tareas similares.

Además, la iniciativa presenta errores técnicos de peso. Buena parte del articulado es un "copiar y pegar" de la Ley Nacional 26.827 y de la Ley 8.024 de Salta. En el artículo 12, incluso, se menciona como marco normativo a la "Constitución de Salta", lo que confirma que el texto no fue adaptado a la institucionalidad pampeana.

Esta falta de adecuación tiene consecuencias concretas: el proyecto propone incompatibilidades mal ubicadas, una estructura con competencias superpuestas, sin definir de qué autoridad dependerá, ni cuál será su régimen legal, ni cómo se financiará. Incluso habilita al comité a intervenir en establecimientos nacionales y de otras provincias, invadiendo competencias ajenas y afectando principios básicos del federalismo.

La crítica también viene por el lado político: en lugar de presentar propuestas para acompañar a los sectores más vulnerables, que hoy sufren en carne propia las consecuencias de un modelo económico excluyente –del cual el radicalismo es parte del sostén nacional–, Torroba opta por impulsar un proyecto que, de aprobarse, ampliaría innecesariamente el Estado provincial para proteger a quienes han delinquido.