Díaz Lacava nombró a una abogada denunciada por maltrato laboral y falta de idoneidad

El juez Pablo Díaz Lacava sigue generando controversias mientras permanece en funciones en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, a pesar del proceso penal en su contra por maltrato laboral, amenazas, coacción y lesiones. En esta ocasión, logró nombrar a la abogada Verónica González Rossetti como su relatora de confianza, a pesar de que sus colegas, Marcos Aguerrido y José Mario Tripputi, habían rechazado su nombramiento debido a la "falta de idoneidad" de la profesional, un requisito esencial para ingresar al poder judicial federal.

Con la jubilación de Tripputi, el Tribunal Federal pampeano se reestructuró, integrándose el juez Sebastián Luis Foglia, titular del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, quien aprobó el nombramiento de González Rossetti, lo que permitió que Díaz Lacava pudiera contar con su asistencia.

Cambio de asistente

Fuentes judiciales indican que hasta el mes pasado, Díaz Lacava continuaba ejerciendo sus funciones con la ayuda de un secretario externo al tribunal, debido a las restricciones de acercamiento y contacto impuestas con el resto del personal judicial. Sin embargo, tras la reciente renuncia de este funcionario, se hizo urgente la necesidad de nombrar a un profesional que asistiera al juez en los juicios y causas en los que debía intervenir. Ante la insistencia de Díaz Lacava, el juez Foglia accedió a nombrar a González Rossetti para facilitar el funcionamiento del Tribunal.

Hasta el momento, el Tribunal Oral Federal no ha proporcionado información sobre el nombramiento de la abogada González Rossetti ni los motivos que llevaron a modificar la decisión previa de denegar su ingreso al poder judicial, conforme a lo publicado por El Diario en su edición del 2 de junio de 2023.

Verónica González Rossetti es hija de Elvira Rossetti, exministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Ha trabajado en el poder judicial provincial como fiscal sustituta y en el Juzgado Federal de Santa Rosa, pero no pudo mantener ninguno de sus cargos debido a problemas de desempeño y alta conflictividad con sus compañeros de trabajo, lo que incluso motivó una denuncia de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), presidida por Julio Piumato.

En este contexto, el juez federal Juan José Baric decidió no renovar su contrato en 2020, citando falta de idoneidad y confianza, lo que llevó a la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmaron la decisión del magistrado. Los jueces de la Cámara Bahiense destacaron el bajo desempeño laboral de González Rossetti, señalando que "su conducta personal generaba situaciones que obstaculizaban el normal desarrollo de cualquier ámbito laboral".

Además, valoraron la denuncia del gremio judicial, que evidenciaba la manera conflictiva en que se desenvolvía, lo que conducía a constantes discusiones con sus compañeros de trabajo y con los secretarios con los que colaboraba. La Corte Suprema de Justicia de la Nación respaldó la decisión del juez federal, considerando que las razones expuestas por la Cámara Federal de Bahía Blanca eran válidas, dado que como autoridad de superintendencia se encontraba en mejor posición para evaluar y proponer a quienes fueran más aptos para nombramientos transitorios.

Un juez procesado

El juez Pablo Ramiro Díaz Lacava se encuentra procesado sin prisión preventiva, con un embargo de 100 millones de pesos, desde el 11 de noviembre de 2024, por amenazas simples y agravadas, lesiones leves y graves, junto a otros delitos relacionados con la violencia y maltrato laboral, incluyendo violencia de género, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia judicial y retardo malicioso de justicia. 

La medida está siendo apelada por el magistrado, la fiscalía federal y los querellantes, y ahora corresponde a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca decidir si confirma o modifica la decisión del juez federal.