Inician sumario a policías por cazar con armamento y accesorios prohibidos
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EL DIARIO digital
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La presentación cuestionaba la calificación de conducta y concepto "Regular" asignada por la jueza de Ejecución, así como su permanencia en la fase de socialización del régimen penitenciario.
La defensora penal, María Antonella Marchisio, había impugnado una resolución del Tribunal de Impugnación Penal (TIP), que desestimó una reposición presentada contra el rechazo inicial del recurso. Según su planteo, el fallo vulneraba derechos constitucionales, generaba un "agravio de imposible reparación ulterior" y dejaba al condenado sin posibilidad de control judicial sobre decisiones de ejecución de pena, al negar la revisión de una resolución que —a su entender— afectaba la situación jurídica del interno.
Entre otros argumentos, la defensa citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso "Casal") y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso "Mohamed"), además de reiterar el deber judicial de garantizar una "doble revisión" de las decisiones que inciden en los derechos de las personas privadas de libertad.
El Superior Tribunal, sin embargo, desestimó el planteo. Sostuvo que el recurso de casación no resultaba procedente ya que la resolución impugnada —una providencia de la presidencia del TIP— no era una sentencia definitiva ni generaba un agravio irreparable, tal como lo exige el artículo 410 del Código Procesal Penal.
Asimismo, remarcó que el escrito recursivo no demostró ese carácter de daño irreparable y que, si bien no se abría la vía de casación en este caso, ello no impedía que la defensa solicitara en el futuro la revisión de decisiones que pudiera adoptar el Servicio Penitenciario Federal o el propio juez de ejecución.
Torino fue condenado en febrero de 2022 y se encuentra detenido desde diciembre de 2021. Alcanzó la mitad de la pena en abril de 2024 y podrá acceder a la libertad asistida a partir de octubre de 2026, si se cumplen las condiciones legales.
