Violencia escolar: funcionarias de Educación fueron al colegio Panguitruz Nger
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EL DIARIO digital
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Esta medida judicial, que surge tras una impugnación presentada por el abogado de los querellantes, Álvaro Carlos Ruggiero, el pasado 3 de abril, establece que los imputados deberán permanecer en sus domicilios bajo monitoreo electrónico.
En caso de que el monitoreo electrónico no sea viable, se ha dispuesto que la Policía realice visitas diarias a los domicilios de Andrada y Krenz. Esta decisión del TIP revoca parcialmente la resolución previa dictada por el juez de Control de la Primera Circunscripción Judicial el 31 de marzo de 2025, durante la audiencia de Formalización de la Investigación Fiscal Preparatoria.
El TIP ha instruido al juez de Control para que tome las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de esta nueva disposición, que se mantendrá vigente hasta la conclusión del proceso judicial.
La causa
Una decena de clientes denunció que la empresa AKSA Construcciones les cobró parte de los contratos de obra, mediante engaños, porque nunca cumplieron con la construcción de las viviendas acordada.
Algunos de ellos abonaron hasta el 50% del valor del contrato y otros denunciantes entregaron 10 y 15 mil dólares. La constructora que promocionaba los planes en las redes y nunca cumplió con la construcción de las viviendas.
Un grupo de damnificados presentó primero la denuncia y luego se fueron agregando otros. Algunos damnificados abonaron hasta el 50% del valor del contrato y los últimos denunciantes entregaron 10 y 15 mil dólares. El abogado patrocinante, Álvaro Ruggiero, asegura que hay más casos, aunque algunos prefirieron no sumarse a las denuncias.
En la audiencia de formalización contra el titular de la empresa constructora AKSA, le iban a imputar 17 estafas. En todos los casos las víctimas son personas que aseguran haber anticipado fondos a la firma para la construcción de sus viviendas particulares sin haber recibido contraprestación alguna.
La causa está caratulada como "R.A.C. (Damnificado) sobre Estafa". La audiencia será presidida por el juez Carlos René Ordás. La acusación quedó en manos del fiscal general de Santa Rosa Guillermo Sancho.
Los representantes de la constructora son Luciano Javier Andrada y Daiana Solange Krenz, quienes en octubre del año pasado ya habían sido formalizados por un número menor de estafas. En ese entonces, las denuncias contra ellos eran once. En aquella oportunidad, la Justicia dispuso la prisión preventiva sustitutiva para ambos, con la obligación de no salir del país, no acercarse por ningún medio a los denunciantes y fijar un domicilio todas las semanas.
La primera denuncia trascendió en mayo de 2024, cuando uno de los damnificados explicó que en 2023 había entregado 10.000 dólares para la construcción de su vivienda, pero según contó, la obra "no avanzó conforme a lo pactado, los materiales entregados fueron insuficientes y se empleó a personal inexperto sin las herramientas adecuadas".
Los imputados enfrentan cargos por estafa genérica, según el artículo 172 del Código Penal, por hechos ocurridos entre marzo de 2021 y marzo de 2024. Previo a la feria judicial del último invierno, la Justicia había allanado la casa, oficina y depósito de Andrada. Secuestraron celulares, computadoras, contratos, remitos y notificaciones judiciales.
