Culminó la maratónica indagatoria del juez Díaz Lacava

El miércoles de la semana pasada terminó la maratónica indagatoria del juez del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Pablo Díaz Lacava, en el marco de la causa por la denuncia de violencia y hostigamiento laboral impulsada por tres secretarios. 

"Fue la indagatoria más larga del mundo", contó un empleado judicial del Juzgado Federal. El dato no está chequeado. Pero sí es cierto que la indagatoria comenzó el 25 de junio pasado –después de tres suspensiones- y que desde ese momento se extendió en cinco jornadas, de seis horas de promedio cada una. La declaración culminó este miércoles último.

Ahora, concluida la etapa de pruebas, habrá que esperar la decisión que tomará el juez Federal de Santa Rosa, Juan José Baric, que puede imputarlo, sobreseerlo o dictar una falta de mérito.

Durante la extensa indagatoria, el acusado negó la acusación de maltrato y hotigamiento laboral sobre secretarios y empleados de ese lugar, y atribuyó la denuncia en su contra a un complot para sacarlo del cargo. Si bien no trascendieron demasiado detalles, es evidente que el magistrado dio rienda suelta a su verborragia y tuvo oportunidad de explayarse a gusto. Intentó enmarcar la denuncia en una situación de conflicto porque los empleados no respondían a las exigencias y ritmo de trabajo.

El magistrado había logrado postergar la indagatoria cuando planteó una recusación del juez Baric. Sin embargo, la Cámara Federal de Bahía Blanca la rechazó el pasado 3 de mayo. 

La medida de indagatoria la habían solicitado en su momento el fiscal general Horacio Azzolín y la fiscal federal Iara Silvestre, y también el defensor oficial de víctimas, Martín García Ongaro, en representación de los denunciantes.

Los delitos que se le imputan al magistrado son varios: amenazas en perjuicio de seis víctimas en un contexto de violencia, maltrato laboral, y para los casos de las mujeres, en un contexto de violencia de género; amenazas agravadas en perjuicio de dos personas por tener como propósito compeler a una persona a hacer abandono del trabajo; lesiones en la salud de cuatro trabajadores; lesiones graves en la salud de una persona por haberla inutilizado para el trabajo por más de un mes; y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por dictar órdenes contrarias a la ley, reiterados en tres ocasiones.

En la causa, colaboraron la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a Víctimas (DOVIC) y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

La denuncia de los tres secretarios se hizo en abril del año pasado. "Vivíamos un infierno", sintetizaron los tres denunciantes. El escrito original llegó acompañado por una nota de los otros dos jueces del TOF, Marcos Aguerrido y José Mario Tripputi, quienes respaldaron la denuncia. Diez días antes se habían reunido con el juez para reclamarle que cesara en sus actitudes, pero, aparentemente, no hubo eco. El juez Baric dictó una restricción de acercamiento de Díaz Lacava, que no puede ingresar al edificio a partir de esto.

El Consejo, otra vía

La investigación avanzó lentamente durante el año pasado. En forma paralela, también se abrió una investigación en el Consejo de la Magistratura para determinar si existieron irregularidades que hagan necesaria su destitución.

A fines de junio el presidente de la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, tomó declaraciones a testigos en Santa Rosa. Entre ellos, los denunciantes.

Por su parte, el abogado defensor del juez en ese trámite, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, le dijo a El Diario que "ha quedado muy claro que Díaz Lacava no es un funcionario corrupto, no es un acosador, no es un abusador y lo que se ha suscitado es un conflicto de naturaleza laboral". "Es un conflicto de diferencias entre un juez que es exigente y personas que se han sentido afectadas por la exigencia", añadió.

Para el abogado, la ronda de testigos que declararon favorecieron al juez. "Esto ha quedado muy claro por las declaraciones testimoniales a favor del doctor Diaz Lacava, de empleados con muchos años en el tribunal, destacando que es una persona correcta, que se preocupa por el personal, muy formada y es una persona exigente", le dijo a El Diario.

Intentó minimizar las acusaciones en que se trató de "un conflicto laboral cierto, pero que se tendría que haber solucionado por otras vías y no a través de una causa penal que tiene serias irregularidades. Hay muchas personas que no han sido citadas como testigos y que ahora fueron a declarar. Hay dictada una medida cautelar que fue morigerada por la Cámara Federal, que en principio le impedía al juez ejercer y esto solo se le permite al Consejo de la Magistratura de suspender a un juez".