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EL DIARIO digital
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La Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFMPF) comunicó su decisión de aportar al "Fondo de Atención prioritaria de sectores vulnerables", sancionado por la Legislatura Provincial. El monto corresponderá del 100% del valor de la cuota social que aportan las y los funcionarios integrantes del MPF. Es el 1,5% del sueldo bruto y aportarán 53 funcionarios judiciales.
La decisión de sumarse al proyecto del "Aporte Solidario", como se lo conoció al inicio del debate legislativo, estaba tomada desde la presentación de la iniciativa, aclararon en un comunicado, ya que, como se hizo durante la pandemia, es intención de las y los funcionarios del MPF colaborar con las personas y familias afectadas por el contexto socioeconómico.
El fondo de atención prioritaria de familias vulnerables se creó para financiar la asistencia alimentaria a 10 mil núcleos familiares, 27 mil personas que mes a mes reciben el refuerzo alimentario. El gobernador Sergio Ziliotto creó este fondo debido a que en julio se agotó la partida para el pago del Refuerzo Alimentario Focalizado. Después de muchas idas y venidas porque la oposición no daba quorum en la Legislatura, Ziliotto mandó un nuevo proyecto en el que metió un aumento de ingresos brutos a los bancos y el aporte de funcionarios de altos ingresos.
Un paso al frente
Con la ley sancionada y promulgada, la asociación que preside actualmente el fiscal Oscar Cazenave ratificó su compromiso, sin demoras, de sumarse a colaborar, confirmando su aplicación hasta el 31 de diciembre del corriente año.
El monto del aporte es una decisión tomada por la AFMPF, a pesar de aún no estar reglamentado cuanto deberá colaborar cada uno de los poderes del Estado.
Es el único ingreso que tiene la asociación, se va a aportar hasta diciembre del 2024 que es la fecha límite de la ley. Son 53 asociados que incluye el Procurador General, los fiscales generales, todos los fiscales de la provincia, fiscales adjuntos, secretarios y prosecretarios. O sea, todos los funcionarios, no solamente los fiscales.
Si el Superior Tribunal resuelve un aporte mayor, será complementario. La asociación no tiene gastos de funcionamiento, no tiene empleados y solo hace algún aporte a los asociados a que hagan alguna maestría o alguna diplomatura, o algún viaje que tengan que hacer por cuestiones técnicas. Tampoco tienen sede social.
La asociación se creó hace siete años, a partir de miradas y necesidades diferentes de los fiscales y los jueces, y se desprendieron de la Asociación de Magistrados. En los pasillos de la Ciudad Judicial explicaron ahora que pretenden respaldar el aporte y tomaron la decisión para que los asociados, funcionarios judiciales, no tengan que sacar dinero del bolsillo y cubran el aporte con la suma que vienen destinando como cuota de la institución.
Los jueces, en contra
De esta forma, los fiscales se diferenciaron de sus colegas, los jueces. Desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios de La Pampa manifestaron a finales de junio su "profunda y grave preocupación" ante el tratamiento del Aporte Solidario en la Legislatura. Plantearon la "intangibilidad" de las sus remuneraciones.
Si bien la ley invita a adherir al Poder Legislativo, al Poder Judicial, Municipalidades y Comisiones de Fomento y otros organismos vinculados al Estado, desde la entidad dejaron sentada su postura durante el tratamiento. A través de un escrito que hicieron llegar a los bloques, abordaron el contenido del proyecto y lo que implica "respecto de la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces y juezas, prevista en el artículo 93 de la Constitución Provincial".
En ese sentido, indicaron en aquel momento que esta normativa establece que "la remuneración de los magistrados 'no podrá ser disminuida mientras duren en sus funciones', y si bien la misma 'estará sujeta a los impuestos y contribuciones generales', tal como lo han expresado distintos legisladores, entendemos que el llamado 'aporte solidario' no participa de la naturaleza jurídica de impuesto ni contribución y menos aún detenta la calidad de 'general', ya que el proyecto excluye de su obligatoriedad a amplios sectores económicos de la sociedad pampeana".
También citaron la Constitución Nacional y recordaron que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que dicha garantía suscita una cuestión federal que puede ser examinada por el máximo tribunal, en tanto integra el principio republicano de gobierno del artículo 1 de la CN y 'es un elemento sustancial para la independencia del Poder Judicial' con el objeto de 'garantizar la independencia e imparcialidad de la justicia en cuanto poder del Estado'".
A su vez, recordaron que "la Corte Suprema ya ha interpretado que la garantía de intangibilidad constitucional alcanza a los Poderes Judiciales provinciales". Finalmente, solicitaron que se contemplen estos argumentos expuestos "quedando a disposición para cualquier ampliación, explicación y/o aporte que estimen necesarios para la votación de la ley que resulte respetuosa de las normas constitucionales expuestas y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema".
