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EL DIARIO digital
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Se trata de un trabajo que se realizó en el marco de un convenio entre la UNLPam y el Gobierno Provincial, a través de la Consultora de la Universidad.
El convenio establecía que la casa de estudios "evaluaría y propondría a la Provincia alternativas para acudir ante los organismos respectivos tanto en el plano nacional como interamericano o internacional".
El objetivo es "efectivizar los derechos reconocidos" en la sentencia dictada en 2020 a partir de la demanda de La Pampa contra Mendoza por el uso de los ríos interprovinciales.
Gil Domínguez, abogado constitucionalista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, fue el coordinador general del equipo de trabajo, integrado además por una docente, una graduada y dos estudiantes de esa unidad académica.
Cuando se rubricó el acuerdo, en marzo de este año, se estableció que la Universidad de La Pampa aportaría a la Fiscalía de Estado alternativas nacionales, interamericanas o internacionales con vistas a hacer efectivos los derechos reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ese día, el rector Alpa lo enmarcó en el "habitual acompañamiento de la UNLPam a la decisión política y estratégica del gobierno provincial de defensa de los recursos hídricos".
"Estamos en un momento histórico para la Universidad Nacional de La Pampa, por la dimensión que tiene este logro que acabamos de alcanzar y que representa un esfuerzo económico importantísimo para el Gobierno provincial", destacó Alpa.
"Queremos fortalecer la posición que tienen nuestros representantes ante la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), para que puedan defender con más elementos y mayor firmeza lo que es nuestro permanente trabajo en pos de sostener la soberanía hídrica", expresó Ziliotto en ese momento.
