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EL DIARIO digital
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Quedan desprotegidas las personas con discapacidad que dependen de la cobertura estatal o de obras sociales para recibir atención.
El director de Discapacidad de La Pampa, Ivan Poggio advirtió por las consecuencias que tendría la desregulación del sistema de prestaciones en el sector si el Gobierno Nacional avanza con el decreto que promueve la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo del abogado del presidente Javier Milei. Nación pretende que prepagas y obras sociales determinen libremente los costos de las prestaciones sanitarias, desplazando la responsabilidad regulatoria del Estado. "La amenaza está, está el proyecto está, tiene el dictamen jurídico, eso avanza y no sabemos si se va a plasmar en una normativa o no", afirmó Poggio.
El proyecto, que se presentará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), establece que las prestaciones financiadas por organismos públicos, reguladas por la Ley 24.901, "se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas". Este cambio implicaría que solo quienes puedan costear los servicios tendrían acceso a ellos, dejando desprotegidos a millones de personas con discapacidad que dependen de la cobertura estatal o de obras sociales para recibir atención.
El proyecto del gobierno Poggio: "La amenaza está y avanza". La desregulación permitiría que cada organismo financiador establezca el arancel que considere conveniente, generando una marcada desigualdad en la calidad de los servicios ofrecidos.
"Está en amenaza, hablamos sobre eso porque entró un proyecto de decreto de decreto donde hay una renovación de las prestaciones. Nosotros tuvimos un consejo Federal donde le preguntamos al director de la agencia y nos dijeron que era proyecto más, pero el proyecto está, tiene el dictamen jurídico, eso avanza y no sabemos si eso se va a plasmar en una normativa o no", explicó Poggio.
Sobre el funcionamiento actual del sistema, el director comentó que "hay un Directorio que fija el valor de ciertas prestaciones como hogar, centro de día, centro educativo terapéutico, es decir que la prestación vale x cantidad de plata. La resolución lo que viene a decir que para Pami y para Incluir Salud no están obligados a regirse por ese valor. Desregula mucho, sobre todo a prestadores".
"Esto es algo inconstitucional, porque solo desregula a las prestaciones que paga el Estado Nacional, porque vos a la obra social le obligas a pagar un monto y vos pagas otro, no tiene mucha lógica jurídica en ese sentido", concluyó.
