Estrellas Amarillas le hizo varios planteos al ministro de Justicia

La Fundación Estrellas Amarillas participó del Observatorio de Víctimas con la presencia del ministro de Justicia nacional, Mariano Cúneo Libarona. Estuvieron representantes de familiares de víctimas de todo el país y 35 organizaciones, con la idea de "fortalecer los derechos de las personas que sufrieron delitos".

El ministro Cúneo Libarona informó sobre que habrá cambios en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) una evaluación de las funciones que realizan.

Planteó que efectuará modificaciones en los Defensores Públicos de Víctimas (hay siete defensores públicos nombrados en el país, en La Pampa Martín García Ongaro). El objetivo, dijo, es que puedan ocuparse de víctimas de distintos delitos y así cumplir con la ley que reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos y que esos planteos no queden solo para la atención de delitos federales. Se señaló en el encuentro que hay numerosos casos de delitos y homicidios donde las víctimas están en total desprotección, atravesando inumerables situaciones de vulnerabilidad.

Las organizaciones solicitaron a Cúneo Libarona respuestas sobre los siguientes temas: reformar el Código Penal, ley 27.347 concerniente a delitos viales, la situación de los Defensores de Víctimas, eliminar penas domiciliarias para homicidios viales agravados, la modificación del artículo 80 del Código Penal para que sea un agravante la premeditación aunque haya una sola persona involucrada, evitar el juicio abreviado en todos los casos con muertes.

También se pusieron sobre la mesa el proyecto para la eliminación de la doble sentencia firme para casos de justicia ordinaria, incluir la apelación del querellante en juicios por jurado cuando se exonera a un victimario, proceder para que los Informes de equipos interdisciplinarios sean vinculantes, la reforma de la Ley de Víctimas que abarque no sólo a los casos federales, el patrocinio gratuito para el particular damnificado, cumplir lo fijado por la Ley de Víctimas (que la víctima pueda ser parte en todo el proceso, incluida la ejecución de la penal).

También al ministro se le consultó por la Reforma del Código Penal y el agravamiento de las penas para los delitos cometidos por funcionarios públicos y que esos delitos sean imprescriptibles, por las condiciones en que se encuentra el proyecto de modificación de la Ley 26.879 del Registro Nacional de datos Genéticos Vinculados a delitos contra la Integridad Sexual (RNDG) de condenados con sentencia firme, presentado en el 2023 para su aplicación y su ampliación para otros delitos y otras instancias.

Se escucharon planteos sobre la necesidad de que en las provincias se dispongan presupuestos adecuados para que sean operativas las leyes de protección a testigos y asistencias a Víctimas de delitos. Se exigió una respuesta para la modificación en lo procesal y que se aplique, para que no sucedan los interminables tiempos judiciales para que algunos familiares lleguen a juicio. Hay casos que hace 19 años que esperan y en la creación de fiscalías temáticas para ciudades con más de 250 mil habitantes.

Acompañaron al Ministro el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y la subsecretaria de Acceso a la Justicia, Candelaria Montenegro. Y por el Observatorio, Viviam Perrone (Asociación Madres del Dolor), Matias Bagnato, Jimena Aduriz, y María Azul Romero Beery a cargo del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) del Ministerio de Justicia de la Nación.