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EL DIARIO digital
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El Poder Judicial de La Pampa no ha sido notificado aún de que el asentamiento "El Nuevo Salitral" de Santa Rosa fue inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). En el Juzgado de la jueza Susana Fernández hay una causa donde se pide el desalojo de 8 familias, que ocupan tierras que pertenecen a un privado.
La semana pasada se conoció que la exministra de Desarrollo Social de Nación, Victoria Tolosa Paz firmó la inclusión de los tres asentamientos santarroseños en el Renabap. Además, de El Nuevo Salitral, figuran el Micaela García y El Amanecer. La inscripción en ese registro dispone, entre otros beneficios, la suspensión de todos los desalojos hasta el año 2032.
"El último trámite que hay incorporado al expediente es del 14 de noviembre pasado. Es un pedido que hace la Anses a la Agencia Nacional de Bienes del Estado, donde le consulta si El Nuevo Salitral se encuentra inscripto en el Renabap", explicó César Rodríguez, abogado de Homero Marques, el particular que está pidiendo el desalojo de las familias.
La causa
La jueza Susana Fernández tiene a su cargo la causa "Marques Dardo Claudio y otro c/ Aliendro Ignacio Andrés y otro s/ Desalojo", en trámite ante la Oficina de Gestión Común de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Pampa.
"No hay nada más agregado al expediente. El trámite sigue como estaba", insistió Rodríguez a El Diario.
El ingreso al RENABAP trae el beneficios para las familias que allí viven porque frena todo intento de desalojo y Nación se encargara de hablar con el propietario de las tierras para negociar una compra o expropiar. Además, obliga al Estado a urbanizar.
En el asentamiento El Nuevo Salitral, ubicado en inmediaciones de la laguna Don Tomás, hay cerca de 30 familias que levantaron sus viviendas, algunas en terrenos que pertenecen al municipio santarroseño y otras que reclama Marques. Las que estaban judicializadas con el pedido de desalojo son 8 familias.
El conflicto legal comenzó con la toma, allá por julio de 2019, cuando un grupo de 20 personas se asentaron en las tierras que se conocen como El Nuevo Salitral. Marqués se presentó ante la justicia porque esos terrenos, situados en los alrededores de las calles Niñas de Ayohuma y Gobernador Duval le pertenecen, desde hace décadas, a su familia. Por eso a través de su primo, el abogado Homero Cruz Marqués -que también se presentó en la causa como demandante-, solicitó el desalojo de los ocupantes del lugar.
La jueza encabezó audiencias de conciliación en la que no arribaron a ninguna solución.
La ley de barrios populares apunta a financiar las obras necesarias para que el Estado llegue con la infraestructura urbana básica (instalación de servicios públicos, despeje de caminos, mejoras en la accesibilidad y conectividad y saneamientos, entre otras) a los barrios que se encuentran la mayoría de las veces en condiciones de vivienda precarias.
La prohibición de desalojos se estableció como garantía de implementación de la ley, que declara de "utilidad pública y sujeta a expropiación" para la totalidad de los bienes inmuebles en los que se encuentran en esos barrios, con el fin de "proceder a su integración socio urbana". Esto es el avance de las obras de infraestructura básicas.
