La tapa de EL DIARIO de hoy

  • Farmacias de turno del día 26 de mayo de 2022

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Un diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, no dudó en vincular el nombramiento del juez Federal de Santa Rosa a la supuesta colaboración en el espionaje ilegal del macrismo.

El diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, afirmó que "el cargo de Baric en La Pampa fue un premio" del macrismo a partir de que el ex subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal fue parte del espionaje ilegal realizado sobre dirigentes políticos y sindicalistas.

Baric volvió a quedar sobre la mira esta semana porque se puso en foco el espionaje macrista. El actual procurador general bonaerense, Julio Conte Grande, esta semana no asistió a la bicameral del Congreso que lo citó a partir de la investigación del papel que jugaron los servicios de inteligencia durante el macrismo. Lo volvieron a citar para el  27 de enero.

El diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, que integra la bicameral, recordó en ese marco que el actual juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, estuvo vinculado al cableado ilegal de la cárcel Melchor Romero.

rodolfo tailhade

"Inexplicablemente, es juez federal, con toda la evidencia que hay de su participación en el gobierno, del Servicio Penitenciario Federal Bonaerense y el de la Nación, en el cableado de cárceles. Hay una articulación entre la AFI,  y los dos servicios penitenciarios, y Baric era el director de Asuntos Penitenciarios, estaba a cargo. No podía desconocerlo de ninguna manera", sostuvo.

"Baric es hoy en La Pampa un producto de la mesa judicial. Participó de las operaciones y lo premiaron con un cargo. Era el tipo de juego que hacían los macristas en el Consejo de la Magistratura", afirmó en declaraciones a CPEtv.

Tailhade no dejó pasar por alto que "en La Pampa hay un capítulo especial, importante, de este dispositivo de espionaje macrista, porque uno de los espías del grupo que espió a la política, el Super Mario Bros, estuvo en La Pampa haciendo las mismas macanas que hizo después acá, involucrando a funcionarios o diputados provinciales, trabajando para la infamia en La Pampa".

 

El "alambrado" de la cárcel

Cabe recordar que esta semana un informe de la periodista Luciana Bertoia, en Página 12, describió que los vínculos del gobierno de María Eugenia Vidal con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) no se terminaron con la reunión en la que uno de sus ministros se entusiasmó con la conformación de una “Gestapo” para perseguir a dirigentes sindicales. 

En ese sentido, precisó que el gobierno provincial de Vidal recurrió a la exSIDE para instalar cámaras y micrófonos en una alcaidía provincial, que debieron ser retirados en parte después de que los propios penitenciarios advirtieron la existencia de cables sospechosos. 

baric 2

El hombre que aparece intermediando entre el gobierno de Vidal y la AFI era el entonces subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense Juan José Baric, que no es otro que el actual juez federal de Santa Rosa. El año pasado un informe televisivo ya había señalado el rol de Baric por aquella época. El caso de la "Gestapo" macrista reeditó las sospechas.

Según pudo reconstruir Página/12, Baric ingresó a la sede de la exSIDE en la tarde del 6 de agosto de 2018 y dos días después fueron los integrantes del departamento de Operaciones Técnicas a cablear la unidad.

El 6 de agosto de 2018, Baric –integrante del ministerio de Justicia provincial que comandaba Gustavo Ferrari– traspasó la puerta de la AFI a las 17:21. Permaneció allí por algo más de una hora, según la información que la interventora le envió el año pasado al juez federal Juan Pablo Augé, que investigaba el espionaje durante el macrismo. A los dos días, llegaba un grupo de Operaciones Técnicas de la AFI para instalar cámaras y micrófonos en la alcaidía departamental 3 de Melchor Romero, que dependía directamente del Ministerio de Justicia provincial.

Según la periodista de Página, la presencia de Baric es un indicio más del vínculo estrecho que la gestión provincial de Vidal tejió con la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri y demuestra que esa colaboración continuó más allá de la reunión en el Banco Provincia para armarle causas al dirigente de la Uocra Juan Pablo Medina.

Más de un año después del episodio del Bapro, el 15 de junio de 2017, se produjo la visita de Baric al despacho de la subdirectora Silvia Majdalani en la AFI.

El exdirector de Operaciones Especiales de la AFI Alan Ruiz -que antes había estado en La Pampa a las órdenes de Juan Carlos Tierno en el ministerio de Seguridad- declaró que él siguió con Baric el tema del “cableado” de la alcaidía provincial.

¿Por qué la AFI se involucró en lo que pasaba en una unidad provincial? Las hipótesis son varias aunque la justicia federal de Lomas de Zamora –que investigó el caso– no determinó a ciencia cierta una, indicael informe del matutino porteño.

Por un ladoel abogado Daniel Llermanos denunció que estaban poniendo cámaras y micrófonos para preparar las celdas para la detención de Hugo y Pablo Moyano. Esa información fue replicada por los espías conocidos como Súper Mario Bros. Por su lado, Alan Ruiz dijo que estaban colaborando con un traslado de los “monos”, aunque esa versión es la que menos asidero tiene.

Por último, la directora de la alcaidía 3, Natalia Roussillon, declaró que desde el Ministerio de Justicia de Vidal le habían comunicado que instalarían cámaras –no dentro de los pabellones, sino afuera– ante un eventual traslado de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci. La pregunta es si el interés de la gestión Cambiemos estaba en impedir una nueva fuga del trío o buscar reeditar, de alguna manera, las declaraciones en las que Martín Lanatta involucró a Aníbal Fernández en el caso del triple crimen de General Rodríguez.

Después de la reunión con Baric, Alan Ruiz convocó al entonces jefe del departamento de Operaciones Técnicas, Fernando Wahler, y le pidió que hiciera un plan para cablear la unidad. Wahler reconoció que él y sus hombres fueron hasta Melchor Romero en una camioneta Kangoo de la AFI.

Allí, según reconstruyeron en la fiscalía a cargo de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, la AFI cableó tres celdas, el salón de usos múltiples, el patio interno del pabellón 6, la oficina de asistencia y tratamiento y el locutorio en el que los presos se comunican con sus abogados. Incluso en el caso de que se tratara de un temor ante una nueva fuga de los Lanatta y Schillaci, la medida era ilegal. Desde el juzgado de Mercedes, que tenía la causa del triple crimen, les informaron a los investigadores de Lomas que nunca hubo una orden para “alambrar” el lugar donde estarían los Lanatta y Schillaci.

Los cables duraron unos pocos días hasta que uno de los penitenciarios notó que uno recorría el techo y le dijo a la directora de la alcaidía que probablemente era un cable de sonido. La mujer se comunicó con las autoridades del ministerio de Justicia para pedir que los sacaran. El 24 de agosto volvieron los operarios de la AFI y retiraron los micrófonos, aunque no las cámaras. Al día siguiente, Baric le preguntó a Roussillon por WhatsApp: “¿Sacaron ayer los cables putos esos?”

Las tareas en el penal bonaerense -detalla Página 12- estuvieron en manos del departamento de Operaciones Técnicas de la AFI, que, en ese momento, estaba a cargo de Wahler. El funcionario declaró en Lomas de Zamora que la intervención se produjo tras una orden de Alan Ruiz que le habría dicho existía un convenio entre el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y la AFI. El juez Augé nunca encontró evidencia de ese supuesto convenio. Lo único que unía a las dos instituciones fue la incorporación de un agente del SPB a la exSIDE, Andrés Rodríguez. Éste fue quien guió a los técnicos de la AFI en la instalación de los micrófonos y las cámaras en Melchor Romero. Augé procesó a Ruiz, a Rodríguez, a Wahler y a tres de sus subordinados en la AFI, Emiliano Picabea, Claudio Marcus y Sebastián Alejandro Iglesias.

Para Augé y los fiscales, fue un claro caso de espionaje. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reclamó que se lo investigara y es posible que insista en esa línea en cuanto se reanude la feria judicial.

 

Baric, en silencio

El Diario intentó esta semana tener la versión de Baric, pero no respondió hasta ahora la consulta. Página/12 se contactó con Baric, quien se disculpó por no poder comentar por encontrarse de vacaciones. En marzo de este año, cuando ya apareció el tema en los medios, el actual juez intentó desligarse. "No sé de dónde salió, creo que fue de la fantasía de alguien. Es tan pobre la vinculación, que Vidal es querellante en la causa donde supuestamente, el Servicio Penitenciario que estaba bajo ella, estaría haciendo tareas de investigación contra ella, un sinsentido absoluto", declaró.

Sostuvo que en el Servicio Penitenciario tenían un servicio de inteligencia “pero no en el sentido que está mencionado por ahí, sino con ver el tipo de interno que tenés adentro, qué banda forma o no forma, y como poder separarlo para que no haya problemas internos. Tenés un grupo de gente que va haciendo inteligencia en el sentido correcto de la palabra”.  En declaraciones a Radiokermes, dijo que "cuando se habla de inteligencia en otro sentido obviamente que no estoy de acuerdo, se violarían todas las garantías constitucionales, legales, y el que hizo eso no tengo la menor duda de que tiene que recibir un castigo. A mí no me consta que haya gobiernos democráticos que se hayan dedicado a espiar, pero mi opinión es que es aberrante si no hay una orden de un juez”, afirmó.