Con fondos millonarios de respaldo, ahora Mendoza amenaza con la represa El Baqueano
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EL DIARIO digital
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Durante estos 40 años de democracia, se saldaron en parte las deudas pendientes con las víctimas de la última dictadura en La Pampa. Fueron tres juicios de lesa humanidad que condenaron a 16 represores. Otros quedaron impunes por el paso del tiempo.
En 1983 hubo un sumario que castigó a algunos. Pero las leyes de obediencia debida y de punto final, los indultos, les garantizaron impunidad. Eso se revirtió por la lucha de los movimientos de derechos humanos y la anulación de esas normas vergonzantes durante el gobierno de Néstro Kirchner arbrió el camino a los juicios.
En 2010 fue el primero, histórico. Pero luego hubo otro en 2018 y un tercero en 2021. A lo largo der esos procesos se comprobó que 248 víctimas que fueron detenidas ilegalmente, secuestradas, torturadas, por el grupo de tareas de la Subzona 14, y mantenidas detenidas en algunos casos durante años en cárceles de otros puntos del país, bajo regímenes extremos y vejámenes. Son los casos ventilados durante los tres juicios de la Subzona 14.
Además, según el decreto 407/22 del gobierno provincial, el régimen de la dictadura dejó un saldo de 531 prescindidos de la administración pública provincial, nacional y municipal, personas perseguidas por cuestiones ideológicas o políticas. Ese decreto dispuso reparar los legajos, un reclamo histórico de las víctimas. El listado no es definitivo y pueden sumarse más casos.
Además, hay 68 desaparecidos pampeanos durante la dictadura. Son los nombres que aparecen en el listado del Registro Unido de Víctimas de la provincia. Fueron asesinados y desaparecidos. Muchos estaban en Buenos Aires, Córdoba o La Plata, por razones de estudio o trabajo. La inteligencia militar desplegada en La Pampa desde el Regimiento de Toay, que encabezó el siniestro Ramón Camps hasta el día del golpe, sirvió en muchos casos para desplegar ese plan represivo.
El Movimiento Pampeano por Derechos Humanos también propone señalizar como sitios relevantes del mapa de la represión en la provincia el regimiento y la comisaría de Toay, el destacamento y el barrio militar y el de estudiantes en General Pico, las comisarías de La Adela, Victorica y Alvear donde también pasaron detenidos en forma ilegal. Además, en Santa Rosa, reclaman señalamientos en la delegación de la Policía Federal y el edificio de Jefatura de la Policía de La Pampa.
Los represones condenados son 16. Algunos, dos veces, en distintos juicios y por diferentes víctimas.
En el primer juicio, en 2010, hubo 9 condenas. Recibieron 20 años de prisión el exsecretario de la gobernación, Néstor Greppi y los expolicías miembros de la patota de la Subzona 14, Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart. Fueron condenados a 12 años de cárcel los expolicías Athos Reta y Oscar Yorio. El expolicía Néstor Cenizo fue condenado a 14 años y el expolicía Hugo Marenchino a 8.
En el segundo juicio a represores, que se desarrolló entre 2018 y 2019, fueron 13 las condenas y 1 absolución. El ex jefe de la Policía durante la dictadura, Luis Baraldini (foto), y el exmilitar Néstor Greppi, fueron condenados a 25 años de prisión. El médico de la policía Máximo Alfredo Pérez Oneto (único civil condenado) a 16 años. El expolicía Carlos Reinhart, a 14 años. Los expolicías Néstor Cenizo, Athos Reta, Juan Domingo Gatica y Oscar "Miseria» López, a 12. Los ex policías Antonio Oscar Yorio, Orlando Osmar Pérez y Hugo Marenchino, a 10 años. El expolicía Jorge Osvaldo Quinteros, a 8 años. Y el expolicía Miguel ángel Ochoa a 6 años.
En el tercer juicio, de 7 imputados en la elevación a juicio, al tramo final solo llegaron 2 sentados en el banquillo de los acusados: Baraldini y Reinhart. Volvieron a recibir condenas por nuevos delitos.
Muchos represores quedaron impunes porque fallecieron antes de los juicios o porque no estaban en condiciones de salud de afrontar los debates. Otros porque no alcanzaron las pruebas y testimonios.
Tal vez el más emblemático sea el caso del militar Fabio Carlos Iriart. Zafó del primer juicio, separado por enfermedad. Fue el máximo responsable de la Subzona 14 hasta su retiro en 1977, interventor federal militar a cargo de la Casa de Gobierno entre el golpe y el 21 de abril del »'76. Falleció impune el 12 de junio de 2018.
