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EL DIARIO digital
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El Tribunal de Impugnación Penal no hizo lugar al recurso de impugnación y confirmó la condena al presidente de la Comisión de Fomento de Loventuel, Oscar Hugo Martínez, por el delito de peculado, por quedarse con 5,5 millones de pesos mediante el uso de facturas truchas.
La resolución lleva las firmas de los jueces Tomás Balaguer y Mauricio Piombi.
Ambos magistrados confirmaron la sentencia N° 1377 de fecha 29 de diciembre 2021, dictada por la Audiencia de Juicio de la Segunda Circunscripción Judicial, que consideró a Martínez autor material y penalmente responsable de los delitos de peculado y uso de documento privado falso en concurso ideal, en concurso real -140 hechos-, y lo condenó a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua.
Con las pruebas aportadas durante el juicio, el tribunal dio por probado que entre los meses de mayo de 2016 y noviembre de 2017 el acusado presentó rendiciones de cuentas de los gastos realizados por la Comisión de Fomento de Loventuel, de la cual era presidente, ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, que tiene la función de controlarlos y juzgarlos.
A partir de dicho control y juzgamiento, se logró determinar la existencia de facturas apócrifas que habían sido utilizadas para justificar el libramiento de cheques al portador, contrariando la normativa vigente, que establece que los cheques deben ser librados "cruzados" y "no a la orden" (art. 1 de la resolución conjunta del tesorero general y la contadora general Nº 41/78).
A esta maniobra, Martínez la realizó en 140 oportunidades, pudiendo así sustraer la suma de $5.549.023 de la administración pública.
En el fallo, el tribunal expresó que "la falsedad de dichas facturas consistió, en la mayoría de los casos, en utilizar nombres personales, domicilios, datos fiscales, etc. reales, para confeccionar talonarios de facturas que llevaban un nombre comercial falso, siendo entonces utilizadas con la finalidad mencionada".
La investigación llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas primero y por el M.P.F. después arrojó que fueron 15 personas las que desconocieron las facturas presuntamente confeccionadas por ellas.
Martínez, mediante la utilización de facturas apócrifas, lograba sustraer dinero de la administración pública mediante la presentación de cheques que pudieran cobrarse en ventanilla, y de esa manera hacer uso arbitrario o discrecional de los fondos públicos obtenidos de manera ilícita.
"Esta maniobra se repitió en cada uno de los 140 casos comprobados por el M.P.F. mediante la pericial contable ordenada", dijo el tribunal.
Como circunstancias atenuantes, los jueces tuvieron en cuenta que el acusado carece de antecedentes condenatorios. En tanto, consideraron como agravantes "la cantidad de hechos que conforman el concurso real y el elevado monto de la suma sustraída, más aún si tenemos en cuenta que los $5.549.023 sustraídos corresponden al período comprendido entre el mes de mayo de 2016 y noviembre de 2017 y no ha sido actualizado a la fecha".
