Otro encuentro del grupo Ruta 5 Autovía Ya en el acceso a Santa Rosa
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EL DIARIO digital
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Las vecinas y vecinos santarroseños que forman parte del asentamiento El Nuevo Salitral realizaron este jueves a la mañana una nueva protesta en reclamo de electricidad y de titularizar la propiedad de esas tierras, ubicadas al noroeste de la capital pampeana.
Desde las 9:30 horas, un nutrido grupo cortó la Ruta Nacional 35 frente al aeropuerto de la ciudad. "Es para pedir por la luz y para tener las tierras propias", dijeron a El Diario a la hora de dar a conocer la manifestación. Si bien en un momento impidieron la circulación de vehículo, luego se instalaron en la banquina, frente a la Residencia oficial del gobernador. Alrededor de las 10:15 horas levantaron la manifestación.
Los integrantes de El Nuevo Salitral quieren ingresar al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y a partir de ahí reclamar la electricidad, uno de los servicios básicos que piden para el lugar.
Tal como dio a conocer este diario, el asentamiento no está inscripto en el RENABAP por lo que las familias que residen en ese lugar corren el riesgo de ser desalojadas por el Poder Judicial.
Eso se conoció cuando la coordinadora del organismo, Mariana Aranovich respondió un oficio de la jueza santarroseña Susana Fernández. En el escrito, la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de Nación informó que "el Barrio Nuevo Salitral, de la Ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, se encuentra fuera del polígono RENABAP".
Las familias que están amenazadas con un desalojo son 8 porque se instalaron en terrenos que pertenecen a un particular que inició un juicio. El resto está asentada en tierras que pertenecen a la Municipalidad de Santa Rosa, que ha decidido no accionar judicialmente.
A fines del año pasado, hubo una audiencia de conciliación entre las familias que ocupan esas tierras y los propietarios que son la familia Marques. En ese encuentro, las familias presentaron el mail que les llegó del Ministerio de Desarrollo Social de Nación que informaba el inicio del trámite para que ese asentamiento ingrese en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), lo que impediría el desalojo, además de derechos como pedir la conexión a los servicios de agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas.
Marqués asegura que los terrenos, situados en los alrededores de las calles Niños de Ayohuma y Gobernador Duval –detrás de la laguna Don Tomás– le pertenecen a su familia y por eso impulsa el desalojo. En todo este tiempo, se mencionó también la posibilidad de que Marques venda a las familias esas tierras, pero esto no llegó a avanzar.
Cabe recordar que el barrio se conformó en el año 2019, en plena crisis habitacional, profundizada por la falta de construcción de viviendas sociales durante el macrismo.
Mientras se sustancia la causa judicial, las familias del barrio vienen reclamando que la Municipalidad y la Cooperativa Popular de Electricidad dote de servicio de energía eléctrica el lugar. Después de varias movilizaciones, las autoridades se comprometieron a que en el plazo de entre 6 y 8 meses, contarán con el servicio de energía eléctrica. Pero, por ahora, es solo una promesa.
