Alcoholemia: 15 infracciones durante el fin de semana
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EL DIARIO digital
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David Bravo tuvo una "buena noticia" durante la audiencia de alegatos en el juicio que se le sigue por supuesto peculado y abuso de autoridad: el fiscal Sebastián Mendiara pidió su absolución luego de considerar que la investigación tenía "defectos" y por "falta de pruebas".
Así, el exintendente podría zafar de la acusación si es que el Tribunal de Juicio que integran Daniel Andrés Sáez Zamora, Alejandra Flavia Ongaro y Raúl Adrián Míguez Martín acepta esos argumentos.
La defensa de Bravo, a cargo del abogado Hernán Danzi, también pidió que sea absuelto. Mientras que el abogado querellante Guillermo Galcerán pidió que sea condenado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por los delitos de peculado en concurso ideal con abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La sentencia se conocerá el lunes 9 de octubre, a las 12 del mediodía.
Durante la jornada de hoy, previo a los alegatos de las partes, Bravo decidió hablar nuevamente e insistió con lo que ya había dicho en las audiencias previas: que se considera una víctima de una maniobra de persecución política.
Los hechos.
En el juicio se ventila una denuncia que en 2012 hicieron tres ediles del Partido Justicialista por "abuso de autoridad", pero la fiscalía sumó la acusación de "violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal con peculado".
En aquel momento Bravo -por el Movimiento Popular Veinticinqueño- ejercía la intendencia. Los tres concejales de la oposición (PJ), Ricardo Poyo, María Pineda y José Bustos, denunciaron que el Concejo, donde el MPV tenía mayoría, había aprobado una ordenanza que derivaba a la Cooperativa de 25 de Mayo (la Coospu) los fondos de las regalías petroleras.
Los denunciantes sostuvieron que la sanción fue irregular porque no tenía la mayoría especial requerida, de 6 votos. Además, advirtieron que la ordenanza también contradijo la misma ley al permitir el uso de fondos públicos, en connivencia con los directivos de esa entidad de servicios, sin que se ejerza el control desde la institución correspondiente, el Concejo Deliberante.
El argumento de Bravo y su defensa es que los recursos se volcaron en el tendido de una línea eléctrica que efectivamente se hizo, para atender la emergencia social de 200 personas que vivían en un asentamiento, en el marco del boom petrolero y la expansión demográfica de la localidad.
El viernes, en la última audiencia de testimoniales, Bravo declaró después de haber escuchado a todos los testigos. Recordó que en el momento de los hechos existía una "invasión" de familias que buscaban "un mejor futuro" en 25 de Mayo a partir de la tentación de la industria petrolera. Dijo que por eso surgieron los asentamientos y que era "urgente atender la necesidad de prestarles el servicio eléctrico".
"De ahí nació el proyecto como un objetivo social. Acá no faltó plata, se pagó menos, se hicieron las debidas rendiciones en los balances ante el Concejo según la Ley de Municipalidades, y en los informes semestrales, por regalías petroleras, al Gobierno Provincial", declaró.
Además, sostuvo que la reciente readecuación del alumbrado público por sistema LED que ejecutó meses atrás el actual intendente Abel Abeldaño -en cuya gestión es funcionario el denunciante Ricardo Poyo- hicieron "exactamente lo mismo por lo que por lo que estoy acá". Por eso, consideró, la acusación que enfrenta es "una persecución política".
Condenas previas.
Hasta ahora Bravo tiene dos condenas previas sobre sus espaldas. En 2013 lo condenaron a 7 meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de "abuso de autoridad", al haber habilitado un cabaret.
A principios del año pasado también fue condenado por trata de personas y facilitamiento de la prostitución. Le aplicaron 5 años de prisión, por ser partícipe necesario del delito de "trata de personas cometido en perjuicio de más de tres víctimas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual". El fallo fue apelado.
