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Con el apoyo de la oposición, el bloque del FreJuPa aprobó el terreno para la Nueva Terminal y el predio para el club Penales. Pero como se modificó la zonificación del Camino del Centenario y de un lote, los bloques opositores advirtieron que "se derribó la barrera de protección del acuífero".
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EL DIARIO digital
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En el Concejo Deliberante se trató este jueves la modificación parcial del Código Urbanístico, un proyecto del intendente Luciano dí Nápoli para autorizar los terrenos que se destinarán a la Nueva Terminal de ómnibus, ubicados entre el Camino del Centenario y el barrio ProCreAr.
El concejal Mariano Rodríguez Vega dijo en el inicio del debate: "para quedarnos en consonancia con lo que se está tratando. Estamos tratando el tema de la Nueva Terminal y dando paso a la instalación del club Penales en un predio obtenido del Servicio Penitenciario".
"Nada tiene que ver con un desarrollo urbanístico", añadió. "Si hay un proyecto de avanzar sobre el acuífero, la autoridad de aplicación es la subsecretaría de Recursos Hídricos", agregó Rodríguez Vega.
Y enfatizó que se establecía el tramo del camino del Centenario como corredor comercial y de servicios, a los fines de la construcción de la futura Terminal.
En rigor, el tema sobrevolaba la sesión. Aún más después de la revelación de El Diario sobre un proyecto de loteo de 177 hectáreas en el triángulo que forman el camino del Centenario, la Colonia Penal y la Ruta Nacional 5. Un emprendimiento impulsado por el empresario Jorge O''''reilly, uno de los principales desarrolladores de countries del país. El propio intendente Luciano di Nápoli admitió que ya hubo intercambios y consultas relacionados con ese negocio inmobiliario.
El concejal Pablo Pera Ibarguren (FrePam) advirtió que "por más que no se hable del desarrollo urbanístico hay un proyecto por lotear de 177 hectáreas, con 8 propietarios privados y estatales involucrados". Cuando al edil opositor planteó esto, la presidenta del Concejo, Paula Grotto, pretendió limitar su intervención con el argumento de que no era el tema tratado, pero ese intento de cercenar el debate no fue acatado por Pera.
Expresó que "si bien el manejo del acuífero lo tiene la Secretaría de Recursos Hídricos, el poder de policía sobre la superficie lo tienen las municipalidades".
Y recordó la postura de la secretaría a la hora de tratar otros proyectos inmobiliarios y urbanísticos: "el acuífero se tiene que preservar lo más natural posible, como dijo (Javier) Schlegel". También dijo que desde 2003 hubo un acuerdo "para promover en forma coordinada y conjunta el uso de los recursos".
El radical señaló que "aprobando esta ordenanza la Municipalidad termina con la protección del acuífero. Esto es lo que se empieza a derribar. Se empieza a sortear estas limitaciones. Hasta este proyecto, no se cambió el Código Urbanístico".
Además rememoró que la zona de seguridad y de reserva del acuífero fue declarada en 1980. "En ese año Santa Rosa tenía 51 mil habitantes y el 25% de la población de la provincia. Y ahora tiene100 mil y es el 35% de la población provincial", precisó.
Por eso, Pera Ibarguren le pidió la secretaria de Recursos Hídricos (a fines de 2020) que se debía ampliar la zona de seguridad del acuífero. En aquella ocasión, el secretario Néstor Lastiri compartió ese criterio.
El concejal José Depetris (FreJuPa) dijo que rechazaba que se lanzarán sospechas y que eso iba en contra de alcanzar el consenso. La concejal Lorena Guaiquian, del oficialismo, acusó a la oposición y a los medios por las críticas al proyecto de reforma del Código Urbanistico.
La concejal Claudia Giorgis (FrePam) hizo hincapié en la postura de su sector político en defensa de los aspectos ambientales. "Si el tema es la Terminal y el club Penales, dejémoslo ahí", indicó la concejal. "Esto abre las puertas a un negocio futuro", añadió Giorgis.
El concejal Juan Lima (FreJuPa) le endilgó un móvil político a la postura de la oposición. "Estamos ante una política de oposición del centralismo porteño", señaló, apuntando a la pertenencia de Juntos por el Cambio, en línea con las acusaciones del Frente de Todos después de las PASO. Pero admitió que el cambio del Código urbanístico afecta al acuífero: "es el 0,1% del acuífero", subrayó minimizándolo.
En ese tramo, hubo cruces con tono político. "Vienen constructores porteños, pero deben fijarse en el oficialismo", fue la réplica del concejal Gustavo Estavilla. Y agregó: "al agua se la defiende o no se la defiende".
Pera Ibarguren dijo que si bien apoyarían el proyecto en general, pidió modificar algunos artículos. Y propuso una reforma del segundo: "cuando dicen que van a fijar postura de defensa del acuífero... bueno, este es el momento. Con este artículo".
La modificación apuntaba a establecer como corredor comercial y de servicios solo un tramo de 350 metros del Camino del Centenario. El oficialismo lo rechazó, y mantuvo la modificación por 2 kilómetros, hasta la calle Niotti. Lo mismo ocurrió con la afectación de un lote reestructurado.
Para la oposición, la aprobación es la llave para avanzar sobre el acuífero local. Para el oficialismo solo se trata de la Terminal de ómnibus y del club Penales.
