A 40 años de democracia, "la deuda es con las infancias y adolescencias"

En el marco de los 40 años de democracia, la Defensoría Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes junto a los y las defensoras provinciales emitieron un pronunciamiento. En el documento, instaron a los candidatos a presidente a "otorgarle absoluta centralidad y prioridad a la protección de la niñez y la adolescencia en todas las políticas y planes de gobierno".

El defensor de La Pampa, Juan Pablo Meaca, junto a la defensora Nacional, Marisa Graham, y sus pares de Córdoba, Misiones y Santiago del Estero señalaron que han "detectado con profunda preocupación la ausencia de una mirada con perspectiva de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, tanto en los discursos públicos como en las propuestas, así como un incremento de la estigmatización de las infancias y adolescencias". 

En esa línea, exhortaron en "la necesidad de avanzar en la identificación y resolución de los temas cruciales que vulneran los derechos de infancias y adolescencias ratificados por nuestro país en la Convención sobre los Derechos del Niño y garantizados en nuestro cuerpo normativo, destacando la necesidad de bajar significativamente los niveles de pobreza y pobreza extrema, garantizar el acceso a la salud equitativa y oportuna, prevenir las violencias desplegadas sobre las y los más chicos, sostener la garantía del derecho a la educación para todas y todos, y avanzar en una justicia juvenil acorde a estándares de derechos, entre otros temas centrales".

También, manifestaron su "defensa irrestricta, y nuestro rechazo a cualquier política o decisión de gobierno que suponga un retroceso en los avances obtenidos en 40 años de democracia, respecto a la garantía de derechos de la niñez y adolescencia de nuestro país. Desde esta Red de Defensores sostuvimos públicamente que el gran desafío es bajar significativamente los niveles de pobreza y pobreza extrema en niñas, niños y adolescentes, que hoy alcanzan el 54,6% y 12,2% respectivamente, identificando y desarmando los mecanismos que producen la persistencia de la desigualdad, tanto de ingresos como de edad, género, de acceso a la salud y la educación, territoriales, ambientales, de origen, entre otros".

Los y las defensoras alertaron "que son las niñas, niños y adolescentes las principales víctimas de las violencias, desde las institucionales hasta las intrafamiliares. En este sentido, las políticas de Estado, lejos de profundizar medidas punitivas sobre las y los más chicos, deben promover acciones que garanticen una vida digna libre de todo tipo de violencias".

Falta de propuestas

Además, los defensores vieron con preocupación una "ausencia de propuestas de campaña electoral para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la educación, la salud, el deporte, el juego, el cuidado, entre otros, lo que toma estado público son discursos restrictivos, que proponen desconocer derechos como el de la seguridad social, la vida en familia, y la propia integridad física de las y los más chicos". En el documento, recordaron los acuerdos suscriptos y el consenso alcanzado "sobre la necesidad de la derogación del Decreto-Ley 22.278 y de la sanción de una Ley de Justicia Juvenil que, tal como lo dispone el Comité de los Derechos del Niño en su Recomendación al Estado Argentino en 2018".

También remarcaron que se debe "alcanzar la garantía universal de derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes implica reconocer, mantener y profundizar decisiones que alcanzaron resultados positivos, así como identificar lo que aún falta por hacer y diseñar políticas en ese sentido".

Si bien destacaron que "es un avance que el gasto público dirigido a las infancias y adolescencias sea mirado de forma transversal en el presupuesto nacional", plantearon que "se debe aumentar el presupuesto destinado a políticas que impactan de forma directa e indirecta en la niñez y adolescencia para garantizar la efectividad de las acciones positivas del Estado".

Agenda política

Las y los defensores ponderaron que "nuestro país ha logrado cubrir al 95% de la población infantil y adolescente con el derecho a la Seguridad Social" y destacaron la profundización de políticas en materia de Seguridad Alimentaria, lo que "posibilitó sostener los ingresos en las familias con niñas, niños y adolescentes, disminuyendo incluso los niveles de pobreza extrema, para sostener la cobertura de la Canasta Básica Alimentaria en cada hogar, la Tarjeta Alimentar debe incluir a todas las familias con adolescentes hasta los 17 años y establecer un mecanismo automático de actualización que garantice la suficiencia de los ingresos y condiciones materiales dignas de vida".

Y, además, solicitaron "profundizar las políticas públicas destinadas a trabajar la salud mental en las escuelas, en los espacios comunitarios y garantizar la oferta en el nivel primario de la salud, en especial a quienes quedan bajo los cuidados del Estado".

En relación con el abuso sexual en la infancia, pidieron la promoción de "políticas preventivas y de detección temprana como las previstas en la Educación Sexual Integral, que es ley en nuestro país". En materia educativa pidieron mantener las Becas Progresar "como política de Estado y ampliarse hasta incluir a las y los adolescentes de 15 años".

"Es indispensable que el Estado Nacional, los Estados Provinciales y el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires generen condiciones para que se designen defensoras y defensores de derechos de niñas, niños y adolescentes en todas las jurisdicciones del país donde aún no exista tal institución, independientes, autónomas y autárquicas", agregaron.

Participación democrática

"La democracia es con las chicas y los chicos", remarcaron y dijeron que las acciones "deben implementarse con la participación y el protagonismo de las niñas, niños y adolescentes. No hay democracia plena sin ellas y ellos ejerciendo su ciudadanía".

"Los responsables de conducir los destinos del país tienen la obligación ética y jurídica de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para lo cual deben establecer una agenda de acción proactiva y evitar la regresión sobre los logros obtenidos", sostuvieron y finalmente aseguraron que trabajarán "en la formulación de propuestas, el seguimiento y monitoreo, exigiendo el efectivo ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para consolidar los avances logrados en 40 años de democracia", concluyeron.