Fuerte siniestro vial en Santa Rosa: un hombre hospitalizado
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
A fines de septiembre, se realizará el juicio oral y público contra el exintendente y actual concejal de 25 de Mayo, David "Sapo" Bravo por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal con peculado, que en 2012 le hicieron tres ediles del Justicialismo. El debate fue programado para los días 21, 22 y 25 de septiembre próximo.
La acusación del Ministerio Público la realizará el fiscal Alejandro Sebastián Mendiara; mientras que la defensa de Bravo será tarea de los abogados Guillermo Galcerán y Hernán Jorge Danzi.
El juicio se iba a realizar en mayo del año pasado, pero la defensa logró la suspensión del debate y la demora con las presentaciones ante el STJ. El Tribunal designado está conformado por Daniel Sáez Zamora, Alejandra Flavia Ongaro y Raúl Miguez Martin.
El actual concejal por el Movimiento Popular Veinticinqueño había sido denunciado por tres concejales de la oposición, en 2012, por desvío de fondos.
La acusación está basada en que en noviembre de 2012, Bravo envió al Concejo Deliberante un proyecto de ley para que lo autoricen a firmar un convenio con la Cooperativa de Servicios Públicos de 25 de Mayo mediante el cual le iba a girar regalías hidrocarburíferas con el objetivo hacer obras públicas.
El CD lo aprobó con el apoyo de cinco ediles del Movimiento Popular Veinticinqueño y con el voto negativo de tres concejales del bloque Justicialista. Sin embargo, días después, los concejales opositores, Ricardo Poyo, María Pineda y José Bustos, hicieron una presentación en la Justicia.
Por un lado, señalaron que la aprobación era "irregular" porque, como sostiene la Ley de Municipalidades, no se había conseguido la mayoría especial de seis votos.
Por otro lado, la ordenanza también contradecía la misma ley al permitir el uso de fondos públicos sin que se ejerza el control desde la institución correspondiente, como es el Concejo Deliberante.
Prontuario
Bravo cumplió con una condena del año 2013 a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de abuso de autoridad. Fue por la habilitación irregular del cabaret "El Rancho" donde "se cometieron graves delitos". La condena al exintendente fue confirmada en 2016 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una causa que fue un coletazo de otra más grave. La Justicia Federal había condenado en 2010 a Omar Javier Ulrich, dueño del cabaret "El Rancho", a cuatro años de prisión por el delito de "acogimiento o recepción de mujeres mayores de 18 años, mediando abuso de una situación de vulnerabilidad, agravado por haberse cometido en perjuicio de más de tres víctimas. Fue la primera condena por trata de personas de La Pampa. Por habilitar de forma irregular el cabaret de Ulrich, Bravo fue condenado.
Este año, Bravo fue condenado por el Tribunal Oral Federal a 5 años de prisión por "trata de personas y facilitamiento de la prostitución" porque no dispuso ninguna medida para cerrar el cabaret Venus luego de que se dictara una ordenanza en setiembre de 2010 que prohibía la actividad. Los jueces lo condenaron como partícipe necesario- del delito de trata de personas cometido en perjuicio de más de tres víctimas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual".
Los procesamientos y condenas no le impidieron presentarse este año como candidato a intendente de 25 de Mayo, donde quedó segundo en la elección.
