Díaz Lacava se niega a hacer juicios

El juez del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Pablo Díaz Lacava -denunciado por sus empleados por violencia de género, maltrato laboral y abuso de autoridad- ahora se niega a continuar con los juicios que tiene asignados y a dictar sentencia, bajo el argumento de que no dispone del personal suficiente para llevar  a cabo ese trámite.

En tanto, el magistrado recibió un nuevo revés en instancia judicial: pretendía que personal médico y psicológico definiera si las personas que lo denunciaron tenían otro camino que una acusación. Pero se rechazó esa pretensión.

El lunes 26, Díaz Lacava presidió una audiencia de juicio abreviado de un imputado por comercio de estupefacientes, detenido en la Alcaidía Regional I, que acordó una pena de cuatro años de prisión con la Fiscalía Federal, pero el proceso no pudo avanzar ya que Díaz Lacava decidió suspender la audiencia "hasta que el presidente del tribunal disponga de un relator o relatora que lo asista" para redactar sus documentos.

A la vez, el jueves de esta semana se inició otro juicio oral con un imputado en otra causa por venta de drogas, con presencia de la Defensa, la Fiscalía y los testigos citados para declarar, pero el magistrado decidió suspender el debate "por no contar con personal que lo asista y un relator".

Díaz Lacava consideró que que no puede llevarse adelante el juicio por video conferencia, al considerar afectado el principio de inmediatez de los juicios orales. También desconoció el proceso de asignación de causas y dijo que no tiene acceso a la agenda de juicios del Tribunal.

El Diario pudo acceder a la contestación del presidente del tribunal al juez: le recordó que "la causa fue asignada al magistrado conforme al trámite de rigor, sin haberse manifestado ninguna excusación de su parte, y se fijó fecha de debate para el 26 de junio del corriente, que luego devino en juicio abreviado, manteniéndose la fecha fijada, en modalidad remota".

Añadió que la modalidad de juicios por video conferencia se encuentra autorizada y resulta de práctica común, conforme a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la acordada 27/20, y por la Cámara Federal de Casación Penal, por acordada 2/22.

Se le señaló al juez denunciado que se le había sido designado un secretario, que fue facilitado por la Cámara Federal de Casación Penal para que pueda trabajar, a partir de que tras la denuncia en su contra se definió que no tuviera contacto con el personal del Tribuna. Se le asignó también personal para asistirlo en su vocalía, una jefa de despacho y una escribiente, que actúan a través del secretario y que fueron instruidos para brindar colaboración y preparar todos los antecedentes de la causa, como también los efectos del juicio y la digitalización del material probatorio.

Se le recordó al juez que se había dispuesto de la sala de audiencias del Tribunal para que se conecte el secretario y el personal técnico para operar la plataforma de video conferencia oficial, habiéndose requerido y coordinado previamente la conexión con la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura.

Otro revés

El otro revés judicial que sufrió Díaz Lacava tiene origen en un planteo de la fiscala Iara Silvestre, que como parte de la investigación del maltrato pidió que las víctimas fueran entrevistadas y evaluadas por el cuerpo médico forense para determinar la existencia de lesiones de orden psicológico. En ese marco Díaz Lacava a través de su defensa pidió un punto de pericia donde pretendía que los peritos médicos y psicólogos del cuerpo médico dijeran si el conflicto que se había verificado se podría haber resuelto de otra manera que no fuera una denuncia penal.

La fiscala se opuso, tal como el defensor Martín García Ongaro, bajo el argumento de que no es un ámbito donde pueda dictaminar un médico, sino que los procedimientos a seguir los determina la jurisdicción, o sea  el juez. El juez rechazó el punto de pericia planteado por Díaz Lacava, que recurrió. Pero se determinó que no era procedente la apelación. Fue en queja a la Cámara y ese organismo le cerró también este camino.