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EL DIARIO digital
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El pasado miércoles 14 el Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió abrir el proceso de denuncia contra el juez Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.
El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, había denunciado al magistrado y solicitó se lo suspenda provisoriamente por la grave denuncia en su contra, por maltrato laboral y violencia de género, que presentaron los secretarios y empleados del TOF.
Díaz Lacava ya fue notificado de la resolución. Ahora, tiene 20 días hábiles para designar un defensor y ofrecer pruebas.
Después de ese plazo, se analiza esa carga probatoria y el juez sería llamado a indagatoria. Posteriormente, le podrían iniciar el jury.
La resolución está firmada por el presidente de la Comisión de Acusación, Miguel Piedecasas. Ese órgano está integrado además por Roxana Reyes, Alvaro González, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Eduardo Vischi y Héctor Recalde.
La denuncia.
Piumato se presentó al Consejo de la Magistratura y solicitó la suspensión provisoria de Díaz Lacava junto a Rocio Herrera, secretaria de protección individual de la Comisión Directiva Nacional de la UEJN, y Patricia Rampani, secretaria de la Regional 3 de la UEJN.
El sindicato amplió la denuncia original contra Díaz Lacava y entendió que los hechos comprobados en el expediente resultan suficientes para suspender al juez mientras dure el procedimiento administrativo ante el Consejo de la Magistratura, que se tramita en paralelo con la causa penal en el fuero federal que llevan adelante la fiscala Iara Silvestre y el juez Juan José Baric, quienes dispusieron provisoriamente una medida cautelar de restricción de acercamiento para Díaz Lacava con el personal del Tribunal, lo que fue confirmado por la Cámara Federal de Bahía Blanca el pasado 18 de mayo.
El juez fue denunciado el 19 de abril por los tres secretarios del TOF: Javier Sequeira, Ignacio Rodríguez Berdier y Alina Trento. Posteriormente, una de las testigos que declaró en las causas también se sumó como la cuarta querellante.
La acusación es por los presuntos delitos de amenazas, coacción, abuso de autoridad y lesiones, entre otros, de parte del magistrado contra los trabajadores judiciales.
En medio de la investigación, Díaz Lacava se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar la continuidad de contratos y pidió específicamente que la jefa de despacho relatora fuera apartada de su lugar. Incluso postuló como reemplazante a una abogada que ya había sido echada de la justicia federal.
