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EL DIARIO digital
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"La solicitud de información está fundada en que los involucrados son ciudadanos residentes en la provincia de La Pampa y que las medidas adoptadas afectan el normal funcionamiento del Organismo", explicaron Traba (Mid) y Trapaglia (Pro).
Y enfatizaron: "entendemos que es de suma importancia contar con la mayor información sobre los hechos sucedidos en el Tribunal, por eso pediremos a la Agencia de Acceso a la Información Pública del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación brinde los datos disponibles".
La denuncia al juez
La denuncia contra el juez Pablo Díaz Lacava la presentaron dos secretarios y una secretaria de ese tribunal. La causa que impulsó la fiscala Iara Silvestre y el juez Juan José Baric, ante la presentación es por "Amenazas, Coacción, Abuso de Autoridad, Violencia de Género, Maltrato Laboral y lesiones".
Uno de los secretarios ya declaró ante la fiscalía para ampliar la denuncia, que se presentó por mail. El escrito llegó acompañado por una nota de los otros dos jueces del TOF, Marcos Aguerrido y José Mario Tripputi, quienes respaldaron la denuncia.
Unos diez días antes se habían reunido con el juez para reclamarle que cesara en sus actitudes, pero, aparentemente, no hubo eco. El juez Baric dictó una restricción de acercamiento de Díaz Lacava, que no puede ingresar al edificio a partir de esto.
Otro capítulo
El escándalo desatado en la sede de la Justicia Federal local tuvo ahora otro capítulo. Según dieron a conocer los denunciantes del juez Pablo Díaz Lacava, el magistrado violó la prohibición de contacto y salieron a reclamar que se mantenga la "perimetral".
De acuerdo a los escritos a los que pudo acceder El Diario, Diaz Lacava pidió mediante una nota dirigida al presidente del Tribunal Oral Federal, Marcos Aguerrido, que se arbitren los medios necesarios para "garantizar mi concurrencia a esa sede" con el objetivo de "cumplir con el servicio de administración de justicia en orden a mi función".
Además, dice ser notificado de la "decisión ilegítima del Juez Federal local" y que "semejante medida ilegal, que además en su cumplimiento excedería la jurisdicción del presidente de un órgano jurisdiccional colegiado, no ha sido rechazada expresamente por usted y por lo tanto le solicito así lo haga".
"Así mismo le solicito arbitre los medios necesarios para designar ad-hoc una persona ajena a la nómina del personal del Tribunal que certifique en el sistema de gestión judicial las actas, decretos y resoluciones y/o sentencias que deba firmar, a efectos de no provocar mayor dilación en el trámite de las causas que debo suscribir", culminó el planteo a Aguerrido.
Acto seguido, los denunciantes de Díaz Lacava le enviaron un escrito a la fiscala Iara Silvestre en el que le hicieron nota que "el juez conoce la cuenta oficial personal del Presidente y que también el correo oficial de esta sede es accedido a diario por personal del tribunal".
"Pudimos advertir el efecto general que esta acción generó en los distintos funcionarios y empleados, por lo cual solicitamos se mantenga la medida cautelar dispuesta, sin perjuicio del trámite que corresponde imprimir y de la elevación pertinente de la solicitud al superior", precisaron.