Profesionales siguen en alerta y exigen respuestas al Estado

Los profesionales que forman parte del organismo que se contacta cotidianamente con las personas en conflicto con la Ley Penal advirtieron que necesitan una respuesta concreta del Estado a sus demandas por mejoras salariales y laborales.

Ese planteo ya lleva un largo tiempo sin ser atendido por las autoridades gubernamentales, lo que derivó en una declaración de alerta y movilización por parte del sector, que además expone las condiciones de precariedad en que realiza su tarea.

El delegado y dirigente de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) Francisco Renda describió la situación y remarcó que se espera una contestación del Ministerio de Seguridad.

La paritaria del sector se abrió en diciembre del año pasado. Allí los y las profesionales expusieron la problemática. El encuentro pasó a un cuarto intermedio y desde entonces no hubo más reuniones. Los trabajadores y las trabajadoras están en asamblea permanente y quite de colaboración.

El Entre cuenta con unos 15 profesionales (trabajadores y trabajadoras sociales, profesionales de la psicología y de la abogacía) para atender a una cifra permanente que ronda a unos 1.000 "tutelados", como la ley llama a esas personas que se encuentran en libertad, más la población que está detenida.

"Somos los que estamos en las Unidades de Abordaje, pero el Ente está formado por los tres Poderes del Estado -Ejecutivo, Judicial y Legislativo-, dependemos presupuestariamente y jerárquicamente del Ministerio de Seguridad, pero la Mesa del Ente donde se deberían determinar las políticas -públicas- para esta población están los tres poderes", remarcó Renda en declaraciones a Radio Kermés.

"Trabajamos con personas en conflicto con la ley penal de todos los delitos, estén en contexto de encierro o no. Es una población extremadamente compleja y que presenta riesgos. Estamos pidiendo que se reconozca el riesgo psicofísico y la insalubridad de la tarea", añadió.

Enumeró que en Victorica hay una psicóloga sola, que entró hace poco y no tiene lugar físico propio para trabajar. En General Acha hay una trabajadora social que tiene un lugar en la delegación de Desarrollo Social, "lo cual es incompatible porque se cruzan las poblaciones", de víctimas y victimarios. En Santa Rosa son 8 en la oficina, que era de la DGR, en la Ciudad Judicial y hace unos 20 días se alquiló una casa que se está acondicionando. "Si no tenés privacidad para hacer una entrevista en profundidad con la persona supervisada que viene a presentarse por demanda judicial, no podés iniciar ninguna intervención real", dijo Renda.

Son todos empleados y empleadas de la ley 643, rama administrativa, con la categoría 7 porque son profesionales, pero tienen el sueldo de un administrativo. El reclamo es que "modifiquen la ley del Ente o hagamos una ley por fuera en la que se reconozcan las particularidades del trabajo y se paguen los adicionales que se tengan que pagar. Hay compañeros y compañeras que están por debajo de la línea de pobreza, estando en blanco y trabajando con una población de mayor riesgo y vulnerabilidad que hay".