La tapa de EL DIARIO de hoy

  • Farmacias de turno del día 4 de julio de 2022

    Los turnos son desde las 8:30 A.M. de la fecha indicada, hasta las 8:30 A.M. del día siguiente.

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    TOAY

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El sector político macrista, que impuso en su gestión el índice que causa estragos entre familias que accedieron a créditos hipotecarios, ahora propone una idea legislativa, que firma también el pampeano Martín Maquieyra.

El mismo sector político que durante su gestión de gobierno promocionó el índice UVA para el acceso al crédito hipotecario por parte de las familias, reconoce ahora el fracaso de esa intentona, que sin embargo se demostró un gran negocio financiero para los bancos.

En el Congreso nacional, con el aporte del diputado nacional pampeano Martín Maquieyra, el PRO ahora tiene la idea de una reconversión de los créditos hipotecarios otorgados en UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) y UVI (Unidades de Vivienda) “a los fines de garantizar la equidad y sostenibilidad de las operaciones”.

La situación de los UVA mantiene en vilo a más de 150 mil familias, en diversas condiciones y habiendo accedido a esos préstamos de modo diverso.

En el caso de La Pampa, el caso más visible es el del Desarrollo Urbanístico del ProCreAr, un programa social de vivienda: aunque accedieron a una casa única, las familias quedaron atrapadas en ese mecanismo porque el gobierno macrista y los bancos modificaron las reglas de juego que existían hasta el momento en que tuvo que entregar una treintena de departamentos.

En este caso, el propio Estado metió la cola para imponer el UVA. Esas familias recibieron un golpazo económico y financiero cuando el mes anterior se "descongeló" la cuota cuyo incremento se había frenado en la pandemia. En promedio, cada familia pasó de pagar $19 mil a desembolsar $35 mil. Habían empezado pagando unos $11 mil en noviembre de 2018.

Otras familias adjudicatarias, con viviendas idénticas y en el mismo lugar, pagan actualmente $12 mil y saben lo que tendrán que devolver mes a mes hasta la finalización del préstamo. En cambio, quienes quedaron rehenes del UVA desconocen incluso lo que pagarán al mes siguiente. Por esa razón se organizaron con la intención de presentar un recurso de amparo ante el Poder Judicial.

Mientras el Ejecutivo analiza diversas alternativas, pero a la vez posterga definiciones, en el Congreso Nacional hay diversas propuestas de salida. Ahora apareció una del jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, a quien acompañan Maquieyra  y otros diputados y diputadas. Proponen que el importe de las cuotas -descongeladas desde febrero- se actualice según el Coeficiente de Variación Salarial del INDEC. También propone la suspensión de las ejecuciones por un año.

La iniciativa se presentó en medio de fuertes reclamos luego del descongelamiento de las cuotas -que se actualizan por inflación- producido en el mes de febrero. A partir de esto, los deudores afrontan aumentos de entre el 6% y el 9% desde marzo, escalonados hasta agosto de 2022. Y paralelamente, al final del préstamo, deberán saldar las deudas por los meses que duró el congelamiento de las cuotas.

El proyecto establece que el importe de las cuotas a pagar por el deudor se actualizará, desde su desembolso, en función de la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), publicado mensualmente por el INDEC.

Ese monto “no podrá exceder al valor que hubiese resultado de haber aplicado a ese préstamo un ajuste de capital por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), desde su desembolso”. El Banco Central deberá publicar diariamente el valor en pesos de las UVA y UVI.

Otro aspecto relevante es que la cuota mensual resultante no podrá exceder, en ningún caso, el 30% de los ingresos actuales del deudor -actualmente el límite es del 35%-. Por otra parte, el proyecto suspende por un año las ejecuciones hipotecarias.

“A los fines de generar un equilibrio contractual entre los tomadores de créditos hipotecarios y las entidades financieras, se establece el congelamiento del monto del capital adeudado” por un año. “En tal supuesto, debe descontarse del capital adeudado la amortización causada por el pago mensual de las cuotas”, agrega el proyecto.

Indica que las entidades financieras deben ofrecer a los tomadores de créditos hipotecarios la posibilidad de refinanciar su deuda. Deberán proponer la opción de extender el número de cuotas originalmente previstas, sin que ello afecte el tope del 30% del ingreso familiar.

También se crea un Registro Nacional de Tomadores de Créditos Hipotecarios otorgados en UVA y UVI, que llevará adelante un relevamiento de todas las personas que hayan accedido al sistema y evaluará su situación social, económica y financiera.

Ritondo recordó en los fundamentos de su proyecto que más de 150.000 familias accedieron a su primera vivienda a través de los créditos UVA, pero “el creciente desfasaje registrado entre la inflación y el CVS generó enormes dificultades para las familias que tomaron un crédito de estas características. Las cuotas de los créditos aumentaron considerablemente y la relación cuota/ingreso pasó a ser el principal problema para estas familias”.

“A pocos meses de haber culminado el plazo de congelamiento de las cuotas, miles de familias argentinas se encuentran en un estado de incertidumbre total”, advirtió el diputado, y explicó que por eso se propone que la actualización de las cuotas sea conforme al CVS publicado mensualmente por el INDEC, “a los fines de lograr un equilibrio proporcional entre la evolución del salario y el incremento mensual de las operaciones de crédito”.

Acompañaron a Ritondo en el proyecto sus pares de Pro Mercedes Joury, Martín Medina, Dina Rezinovsky, Ignacio Torres, Adriana Cáceres, Héctor Stefani, Martín Maquieyra, María Luján Rey, Alicia Fregonese, Jorge Enriquez, David Schlereth, Alberto Asseff, Soher El Sukaria y Álvaro González.