La Pampa

Aún no hay datos de quienes no pudieron rempadronarse en el Potenciar Trabajo en La Pampa

En La Pampa hay 3.500 beneficiarios, principalmente aglutinados en tres organizaciones sociales. En la CCC presentaron reclamos y reempadronaron a todas las personas. A nivel país, casi el 12% no completó el trámite. "Es un error suspender el pago, es una política de ajuste", dijo el dirigente Walter Brandimarte.

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EL DIARIO digital

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En La Pampa, ni las organizaciones sociales ni el gobierno provincial tienen este martes el dato preciso de la cantidad de beneficiarios del Potenciar Trabajo que quedó sujeto a la suspensión en el programa a partir del reempadronamiento que llevó adelante el ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La ministra Victoria Tolosa Paz informó este lunes que casi el 90% validó su identidad y solo el 11% sería suspendido a partir del mes próximo, cuando se concretará el pago correspondiente a enero, si no inicia una «instancia de reclamo» abierta por la cartera para tal fin.

"No tenemos el dato preciso. Es información de Nación. En algún momento nos la darán. Hay 3.500 Potenciar en total en la provincia", señaló a El Diario una fuente del ministerio de Desarrollo Social pampeano. La Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita y el Movimiento de Trabajadores Excluidos son las organizaciones que más beneficiarios del plan nacional aglutinan en la provincia.

Por su parte, el referente de la CCC, Waler Brandimarte, señaló que tampoco cuentan con información oficial y hasta ahora manejan "solo la cifra que tiró la ministra".

"Nosotros tenemos algunos reclamos por problemas técnicos de la plataforma, problemas de mail o algún dato. Pero todos nuestros compañeros y compañeras se reempadronaron. Los reclamos los hicimos en tiempo y forma y están cubiertos", respondió la consulta de El Diario.

Brandimarte dijo desconocer la situación del resto de las organizaciones con Potenciar en la provincia. De todos modos, precisó que los 150 mil beneficiarios sujetos a suspensión en el país a los que aludió la ministra, "el 5 de febrero van a cobrar la mitad, unos 16 mil pesos, y tienen 60 días para hacer el reempadronamiento, aunque están sujetos a la aprobación del ministerio, después los dan de baja y no te dan explicaciones".

El dirigente local planteó que a lo largo del interior del país la falta de información o de conectividad en algunos sectores conspiró contra el reempadronamiento de los beneficiarios. Por eso, dijo, se postergó el cierre del 6 de enero hasta el domingo pasado. "Cuando hablan de conectividad piensan las políticas para Buenos Aires y no para el resto del país", protestó.

Brandimarte consideró "un error" suspender en parte el cobro del beneficio "sin analizar caso por caso". "El gobierno tiene una necesidad de ajustar, marcada por el FMI, y lo primero que hace es esto, ahorrarse unos pesos y cumplir con los pagos de una deuda fraudulenta", criticó.

"Este reempadronamiento es una política de ajuste, pierden los que menos tienen. Hay que ver por qué no se pudo reempadronar el 12 por ciento. ¿Por qué no solucionamos eso antes de desconectar a alguien? Los van a arruinar, con lo que cuesta conseguir trabajo, la van a pasar mal en febrero", lamentó.

El lunes, en una conferencia de prensa en Casa Rosada y tras haber concluido  el período de 60 días estipulado para que los beneficiarios validaran sus datos personales, Tolosa Paz aseguró que su gestión cuenta ahora con «más certezas que dudas» sobre las personas que integran el padrón y garantizó que los esfuerzos estarán destinados «a la población más vulnerable, a los jóvenes, a quienes demostraron gran interés en continuar educándose o formándose laboralmente y a las mujeres», que constituyen el 67% del total de inscriptos.

«Tenemos muchas más certezas y podemos decir que estas personas no tienen bienes registrables, que no compraron dólares y no presentan incompatibilidades con el Potenciar Trabajo», afirmó la ministra y aseguró que el resultado del relevamiento está en manos de la justicia, cuando le preguntaron sobre las supuestas incompatibilidades halladas por la AFIP meses atrás, que motivaron una causa judicial en manos del fiscal Guillermo Marijuan.

De hecho, Tolosa Paz recordó que en diciembre pasado se dispuso la baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares del Potenciar Trabajo (menos del 0,3% de los destinatarios) por haber adquirido dólares ahorro y consumos en dólares con tarjeta de crédito.

La funcionaria destacó que en estos últimos 60 días 1.210.571 personas validaron su identidad, es decir, el 88,7% de los registrados en el Progresar Trabajo, de los cuales el segmento más grande está conformado por jóvenes de 18 a 29 años (39,1%).

Al evaluar los resultados de la auditoría sobre el Potenciar Trabajo, la ministra consideró que el relevamiento sacó a la luz gran cantidad de información que servirá para «direccionar el esfuerzo del Estado» con mayor precisión.

En este marco, las 154.441 personas (el 11,3% del total) que no validaron su identidad «están sujetas a ser suspendidas» del programa, aunque cobrarán en febrero el 50% del monto correspondiente a enero, mientras se transita una «instancia de reclamo» para atender la situación de los beneficiarios que se hayan visto impedidos de acreditar sus datos.

Apuntó que el «impacto fiscal de suspender 154 mil beneficiarios es de algo «más de 2.500 millones de pesos», pero remarcó que todavía pueden revertir esa situación quienes hayan tenido «dificultades geográficas» para validar sus datos y, como ejemplo, mencionó a personas que viven en «El Impenetrable Chaqueño o El Sausalito».

La auditoria mostró que del total de beneficiarios, 1.134.472 personas realizan actividades productivas o comunitarias; 46.471 realizan cursos de capacitación y 29.628 están finalizando estudios formales.

El 60% de ellos no finalizó estudios primarios o secundarios y, de ese grupo de personas con estudios incompletos, el 79,2% quiere «continuar con su trayectoria educativa» y, de ellos, el 56% se manifestó «muy interesado» en emprender ese camino.

También, el relevamiento visibilizó que 1.050.833 de titulares «quieren iniciar o continuar trayectos de formación laboral», es decir, el 86,8% del total.

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