Amenazan con frenar judicialmente la construcción del nuevo barrio en Pico

General Pico (Agencia) – El Concejo Deliberante aprobará hoy por amplia mayoría la modificación del Código Urbano para avanzar con el nuevo plan de viviendas, pero a horas de este desenlace en el legislativo los vecinos que resisten la medida advirtieron con abogados que están dispuestos a frenar el inicio de la obra, y de avanzar, podría caer sobre la Municipalidad una catarata de juicios.

Cuando las autoridades políticas locales, y también provinciales, pensaban que atravesaban el último tramo de la tormenta desatada por vecinos que resisten la ubicación del nuevo barrio de viviendas, la situación parece complicarse bastante más por la vía judicial.

Según pudo establecer El Diario, la modificación al Código Urbano saldrá hoy con los votos positivos del FreJuPa, UCR y UNIR, mientras que después de varias amagues puertas adentro del Concejo, y un repentino giro, Propuesta Federal votaría en contra. El oficialismo logró el apoyo de dos bloques opositores, que a través de un proyecto de resolución donde UCR y UNIR piden a futuro, no para estas 280 viviendas sino para las que se construyan en las restantes 40 hectáreas, que se convoque a audiencias públicas para un amplio debate con todas las partes interesadas.

Pero mientras en el Concejo se encamina dar el ok, después de escuchar -y nada más- a quienes se opusieron, los vecinos advirtieron a través del abogado Pablo Rodríguez Salto que están dispuestos, en principio frenar la construcción con una presentación judicial, y de construirse las viviendas a demandar masivamente al municipio por los perjuicios que ocasione el nuevo barrio.

Traducido, en lo inmediato, si hoy se aprueba la modificación al Código, es muy probable que horas más tarde presenten un recurso de amparo, lo que podría implicar meses o años de discusiones legales sin que el Estado coloque un ladrillo, a no ser que la Justicia Civil, que no se caracteriza por ser la más veloz, resuelva el tema de manera expeditiva y en contra de los demandantes.

Abogado

El letrado piquense Pablo Rodríguez Salto ofreció una conferencia de prensa representación de “mil piquenses” que firmaron un petitorio. Adelantó que "junto al abogado de Santa Rosa, Adrián Alberto Sánchez, nos convocaron para ser la voz pública o jurídica respecto al reclamo".

Señaló que "el Concejo Deliberante está próximo a aprobar una modificación en el Código de Edificación, para dejarlo sin efecto o no aplicárselo así mismo en ese polígono, y hacer todo lo contrario a lo que se comprometió a respetar en el año 2013".

Aclaró que en los últimos días "se han dicho ciertas cosas que no son verdaderas". Y señaló que esas declaraciones –de funcionarios oficialistas- "tienden a menoscabar la línea del reclamo de estos vecinos". Para luego pedir "una convocatoria ciudadana para tratar de debatir bien, y que la decisión que se tome, sea una verdadera expresión del sentir de la gente que va a estar afectada con lo que se piensa hacer en ese polígono de tierra".

Y explicó luego que "en esa zona estaba aprobado el Código de Edificación, para que las construcciones fueran de baja densidad o terrenos con superficie mínima de 900 metros cuadrados. Eso se traduce en una menor cantidad de casas por manzana, y se refleja en menor tránsito, mayor tranquilidad, menor ruido, menor peligro de tránsito, y toda una serie de beneficios que no tiene que ver con lo estrictamente estético, como dijo un concejal hace unos días en un medio gráfico. No es estético, tiene que ver con calidad de vida; y tampoco tiene que ver con una cuestión discriminatoria", remarcó.

Ratificó que los vecinos no se manifiestan contra un barrio social, para recordar luego que hace poco más de 10 años se aprobó un Plan Urbano con mucha participación ciudadana, “entonces, se decidió algo que generó confianza, y la gente que fue a comprar lotes en esa parte de Pico, confió en un Código de Edificación que le garantizaba una baja densidad de población, con beneficios completamente lícitos, y que nada tienen que ver con cuestiones discriminatorias. Los barrios se podrán seguir haciendo, claro que sí, pero para qué modificar un Código que generó confianza, cuando puede tomarse una decisión alternativa", se preguntó.

Judicialización

El abogado Rodríguez Salto advirtió que la construcción del nuevo barrio en esa zona “va a generar daños económicos y morales a muchas personas". Y citó entre ellos la "desvalorización de los terrenos" y la "calidad de vida" de las personas que viven allí.

También advirtió sobre el probable impacto ambiental y lo que sucedería con la provisión de servicios esenciales, al señalar que "no es lo mismo que en 900 metros cuadrados haya una sola familia, a que haya tres o cuatro".

Y anticipó luego las consecuencias legales que tendría la decisión del Gobierno, que probablemente comiencen con la presentación de un recurso de amparo para frenar la construcción. “Más allá de lo que tiene que ver con la cuestión de impugnar la decisión en sí, quiero remarcar que también puede generar masivos reclamos de responsabilidad civil contra la Municipalidad, y no importa para esto que la modificación sea lícita", advirtió.

Comentó al respeto "puede ser lícita la modificación porque el Concejo puede tener la facultad de haber dicho hace siete años que lo iba a respetar, y hoy aparezcan diciendo ''''el Estado hace lo que quiere y te lo tenés que masticar''''... Puede ser lícito, pero si eso genera daños, puede haber responsabilidad civil, y el abanico de las potenciales acciones puede ser más amplio que un amparo para frenar la ordenanza", concluyó.