Un subteniente de la Policía Bonaerense abatió a un adolescente de 16 años que intentó asaltarlo en Isidro Casanova
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
El Gobierno evalúa incorporar la explotación pesquera bajo licencias británicas al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que ingresará la próxima semana al Congreso.
La administración nacional evalúa incorporar la explotación pesquera dentro del nuevo esquema de penalidades por la cuestión Malvinas que será remitido al Parlamento en el transcurso de la próxima semana. Desde la Casa Rosada analizan extender a dicho sector parte del articulado diseñado para endurecer las sanciones contra firmas, accionistas y proveedores asociados a operaciones no autorizadas por la Argentina en el archipiélago.
Voceros oficiales confirmaron los avances al señalar: "Estamos trabajando en eso", al ser consultados sobre la posible inclusión de la pesca en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El Poder Ejecutivo prevé tener definiciones concretas antes de que la iniciativa sea presentada formalmente en la Cámara de Diputados.
Alcance del nuevo régimen y antecedentes normativos
El debate actual gira en torno al alcance que tendrá la normativa y los actores del sector pesquero que podrían verse alcanzados. El Gobierno examina de manera particular la situación de aquellas corporaciones conectadas de forma directa o indirecta con quienes operan mediante permisos emitidos por las autoridades británicas locales.
Cabe destacar que el país cuenta desde 2008 con herramientas jurídicas destinadas a castigar los nexos con la pesca efectuada sin aval nacional en las islas. El artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a los receptores de cuotas o autorizaciones de captura en el territorio nacional que declaren la inexistencia de vínculos jurídicos, comerciales o de beneficio con propietarios o armadores que exploten recursos en aguas argentinas de manera ilegal.
Dicha disposición abarca asimismo las conexiones indirectas por medio de sociedades controladas o vinculadas. Ante la comprobación de una infracción, la legislación contempla la caducidad de los permisos, cuotas y autorizaciones de captura de la entidad responsable. En la actualidad, el equipo de gobierno estudia las modificaciones que introducirá en el proyecto para potenciar el alcance punitivo sobre las actividades vinculadas a las islas.
Antecedente hidrocarburífero y el desafío pesquero
La medida había sido anticipada por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional emitida el pasado 3 de septiembre. En esa oportunidad, el mandatario indicó que reformaría la Ley 26.659 —normativa que rige las actividades de hidrocarburos en la plataforma continental— y sostuvo que el flamante sistema de penalidades abarcaría a otros rubros en las islas que vulneren los recursos naturales nacionales.
El modelo adoptado por la administración central habilita accionar no solo frente a las compañías que operan de manera directa sin autorización, sino también contra:
Accionistas
Directores
Proveedores
Empresas que participen económicamente de los proyectos
Infractores, a quienes se les prohíbe contratar con el Estado argentino
La Casa Rosada ya implementó esta estrategia en el sector petrolero. Tras la cadena nacional, la Cancillería inició sumarios contra 45 personas y empresas vinculadas a tareas hidrocarburíferas, incorporando luego a otros 15 actores, entre proveedores y accionistas de los proyectos en desarrollo en las islas. El foco prioritario inmediato es Sea Lion, el emprendimiento operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, cuyo avance motiva al Ejecutivo a acelerar mecanismos que bloqueen la convivencia de negocios en el territorio argentino para firmas involucradas en actividades consideradas ilícitas.
Por el contrario, la pesca representa un escenario diferente al constituir una de las fuentes principales de ingresos de las islas. El esquema de licencias británicas opera desde hace décadas, permitiendo el funcionamiento de numerosos buques durante las campañas en el Atlántico Sur.
"La legislación vigente no se limita al propietario del buque: también contempla vínculos societarios, jurídicos, económicos o de beneficio, lo que obliga al Estado a determinar hasta dónde llega cada relación antes de aplicar una sanción."
Control marítimo y agenda parlamentaria
En paralelo, la gestión actual exhibe una postura más firme contra la pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva. Durante 2026, cinco navíos extranjeros fueron sancionados por faenar sin aval nacional, en operativos encuadrados dentro del fortalecimiento general del control marítimo impulsado por el Estado nacional.
Las acciones de fiscalización se complementan con:
Incremento del monitoreo electrónico y seguimiento de flotas por parte de la Prefectura Naval.
Ampliación de las capacidades de vigilancia en el Atlántico Sur desde Tierra del Fuego mediante radares, sistemas de telecomunicaciones e información marítima.
La discusión pesquera se entrelaza con la agenda marítima tratada en el Congreso, donde se debate la normativa sobre cabotaje, marina mercante y regulación de la navegación, en consonancia con la revisión de costos y restricciones en el transporte fluvial y marítimo que impulsa el Ejecutivo.
El paso siguiente consistirá en resolver si la actividad pesquera quedará explicitada en el proyecto que recaerá en la Cámara baja y qué penalidades adicionales se sumarán a la normativa preexistente, definiciones que la Casa Rosada proyecta ultimar en el transcurso de los próximos días.
