El Tesoro movió US$781 millones con el Banco Central: limpió deuda, pero las reservas sintieron el golpe
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EL DIARIO digital
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El oficialismo acelera en Diputados con Inocencia Fiscal II y, para destrabar los votos de sus aliados, aceptó introducir una modificación sensible: funcionarios y personas políticamente expuestas podrán utilizar el régimen simplificado de Ganancias, pero quedarán afuera de los beneficios destinados a exteriorizar fondos no declarados. La discusión cobró especial temperatura tras las revelaciones sobre la investigación patrimonial que involucra al exjefe de Gabinete Manuel Adorni.
El Gobierno vuelve a poner sobre la mesa uno de sus proyectos económicos más controvertidos y esta vez llega con una concesión bajo el brazo.
Este miércoles, la Cámara de Diputados comenzará una jornada decisiva para Inocencia Fiscal II, la iniciativa con la que el Ejecutivo pretende ampliar el régimen sancionado a fines del año pasado y facilitar el ingreso al circuito formal de miles de millones de dólares que permanecen fuera del sistema.
Pero los votos no sobran.
Para acercar posiciones con los bloques aliados y dialoguistas, el oficialismo decidió incorporar un límite que hasta ahora era motivo de fuertes cuestionamientos: determinados funcionarios públicos no podrán aprovechar los beneficios vinculados con la exteriorización de fondos no declarados.
Podrán presentar Ganancias mediante el mecanismo simplificado. Hasta ahí llegan las ventajas.
El Gobierno sale a buscar los votos
La iniciativa será discutida en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal.
La estrategia oficialista es conseguir dictamen y dejar el proyecto en condiciones de llegar al recinto el próximo 26 de agosto, en una sesión donde también pretende avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La modificación sobre los funcionarios no apareció por casualidad.
Era uno de los puntos que mayor resistencia había provocado entre sectores que habitualmente acompañan al Gobierno y que ahora resultan fundamentales para reunir una mayoría.
El interrogante era incómodo: ¿podía un funcionario público utilizar un régimen impulsado para exteriorizar dinero que permanecía fuera del radar fiscal?
El oficialismo decidió cerrar esa puerta.
Qué es Inocencia Fiscal II y dónde apunta el Gobierno
La apuesta económica detrás del proyecto es considerable.
El Gobierno estima que existen alrededor de US$179.000 millones fuera del sistema financiero que eventualmente podrían regresar al circuito formal y convertirse en consumo o inversión.
La nueva iniciativa amplía considerablemente el universo de potenciales beneficiarios.
El proyecto elimina los límites que establecían ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones.
Con esa modificación, el régimen podría quedar disponible para todas las personas humanas, independientemente de su nivel patrimonial o de ingresos.
La excepción serán los denominados Grandes Contribuyentes Nacionales, quienes no podrán utilizar determinadas presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios contemplados en la normativa.
ARCA y una nueva definición de las diferencias impositivas
Otro cambio importante pasa por la denominada "discrepancia significativa", el mecanismo que habilita a ARCA a objetar una declaración presentada mediante el sistema simplificado.
La propuesta establece que la diferencia deberá superar simultáneamente el 15% del impuesto determinado y alcanzar un monto equivalente al 5% del mínimo establecido en la Ley Penal Tributaria.
Actualmente, ese último parámetro rondaría los $5 millones.
Si ARCA detecta una diferencia de esas características, el contribuyente contará con 15 días para regularizarla y pagar el monto correspondiente, conservando los beneficios previstos por el régimen.
Funcionarios sí, pero con beneficios recortados
Acá aparece la modificación políticamente más sensible.
Los funcionarios comprendidos por la restricción podrán utilizar la declaración simplificada de Ganancias y efectuar el pago correspondiente, pero no tendrán acceso a las presunciones, efectos liberatorios ni restantes ventajas que contempla Inocencia Fiscal II.
Traducido al terreno político: podrán simplificar su declaración impositiva, pero el régimen no debería convertirse en una puerta para exteriorizar fondos previamente no declarados aprovechando los beneficios especiales previstos para otros contribuyentes.
La prohibición alcanzaría incluso a quienes hayan ocupado determinados cargos durante los cinco años anteriores a su incorporación al régimen.
El listado es amplio.
Comprende a funcionarios con jerarquía de secretario de Estado o superior, tanto de Nación como de provincias, municipios y Ciudad de Buenos Aires.
También incluye a diputados y senadores nacionales, legisladores provinciales, legisladores porteños, concejales y parlamentarios del Mercosur.
La restricción se extiende además a magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, defensores del Pueblo, integrantes del Consejo de la Magistratura y miembros de jurados de enjuiciamiento.
El caso Adorni quedó flotando sobre el debate
La discusión adquirió otra dimensión después de conocerse detalles de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su pareja, Bettina Angeletti.
La fiscalía analiza, entre otros elementos, movimientos patrimoniales y tenencias de dólares cuya conformación y origen deberán ser explicados dentro del expediente judicial.
El caso inevitablemente trasladó una pregunta al Congreso: qué ocurriría si una persona que ejerció una alta función pública y enfrenta cuestionamientos sobre fondos no declarados pudiera acogerse posteriormente a los beneficios de Inocencia Fiscal.
Los bloques dialoguistas comenzaron entonces a reclamar un límite explícito.
Y el Gobierno tomó nota.
La presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, ya había anticipado una fórmula similar: permitir a los funcionarios utilizar la declaración simplificada, pero impedirles aprovechar mecanismos destinados a exteriorizar dinero no declarado.
Ahora esa idea empieza a tomar forma concreta dentro del proyecto.
Menem mueve las fichas para llegar al recinto
El oficialismo necesita transformar la concesión en votos.
Las negociaciones tendrán como uno de sus protagonistas al presidente de Diputados, Martín Menem, mientras La Libertad Avanza intenta garantizar las firmas necesarias para conseguir dictamen.
La semana pasada ya habían pasado por el Congreso funcionarios del equipo económico, entre ellos la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y el director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu.
Ahora comienza la etapa estrictamente política.
El Gobierno quiere llevar Inocencia Fiscal II al recinto el 26 de agosto, aunque el calendario juega en contra: el 27 vence el plazo previsto para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.
El tiempo aprieta y los votos también.
El Ejecutivo quiere sacar dólares del colchón y llevarlos nuevamente hacia la economía formal, pero para conseguir respaldo parlamentario tuvo que aceptar un límite que parecía inevitable: los funcionarios podrán utilizar la simplificación tributaria, pero no deberían encontrar en Inocencia Fiscal II un salvoconducto para blanquear fondos no declarados.
Después de la controversia política desatada alrededor del patrimonio de Adorni, ningún aliado parece dispuesto a regalarle al oficialismo semejante flanco.
