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EL DIARIO digital
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La dotación de personal del sector público nacional se redujo un 22% desde la asunción de Javier Milei, de acuerdo con cifras oficiales difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Entre noviembre de 2023 y mayo de este año, la plantilla pasó de aproximadamente 343.000 trabajadores a poco más de 273.000, lo que representa una disminución cercana a los 70.000 puestos.
La reducción forma parte de la política de ajuste impulsada por el Gobierno nacional, que busca disminuir el tamaño del Estado mediante recortes en organismos públicos, empresas estatales y distintas dependencias de la administración nacional.
Una reducción de casi 70.000 puestos
El relevamiento muestra que la baja alcanzó tanto a la administración pública como a empresas y sociedades del Estado.
Según el informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la base de datos oficiales, en mayo la dotación nacional superaba apenas los 273.000 empleados, frente a los cerca de 343.000 registrados al inicio de la gestión.
Del total actual, alrededor de 87.000 trabajadores corresponden a empresas y sociedades estatales, mientras que el resto integra la administración centralizada, descentralizada, desconcentrada y otros organismos.
Dónde se concentraron los recortes
El estudio indica que la administración centralizada fue el área que registró la mayor reducción porcentual de personal.
Le siguieron las empresas públicas, la administración descentralizada, los organismos desconcentrados y otros entes estatales.
Las empresas con más desvinculaciones
Entre las compañías estatales, el mayor ajuste se produjo en Correo Argentino, donde se contabilizaron 5.449 desvinculaciones.
Detrás aparecen el Banco Nación, con 2.368 bajas, y Aerolíneas Argentinas, que redujo su plantilla en 1.993 trabajadores.
También se registraron recortes en la Casa de la Moneda (715), la Agencia de Publicidad del Estado (638), Belgrano Cargas y Logística (594) y Fabricaciones Militares (450).
El debate sobre el ajuste
Desde el Gobierno sostienen que la reducción del empleo público forma parte del programa de equilibrio fiscal y de racionalización del gasto del Estado.
En contraposición, organizaciones sindicales y centros de estudios cuestionan el impacto de los despidos y advierten sobre las consecuencias que podrían tener en el funcionamiento de organismos y empresas consideradas estratégicas para la prestación de servicios públicos.
La evolución del empleo estatal continúa siendo uno de los principales indicadores para evaluar el alcance del proceso de reforma administrativa impulsado por la gestión nacional.
