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EL DIARIO digital
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La Justicia imputó al empresario Lázaro Báez por comandar una presunta organización ilícita destinada a administrar bienes embargados y mover cerca de $391 millones desde la cárcel. Por el caso, que incluye conexiones con el narcotráfico en Santa Cruz, ya detuvieron a su pareja y a un estrecho colaborador.
El empresario Lázaro Báez, ya condenado en las causas Vialidad y la Ruta del Dinero K, sumó un nuevo revés judicial al ser imputado por presuntamente liderar una estructura dedicada a manejar bienes embargados y efectuar transacciones financieras al margen de la ley directamente desde el penal de Ezeiza.
La formalización de la acusación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Río Gallegos en conjunto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, la red criminal logró mover aproximadamente 390,8 millones de pesos a través de maniobras que involucraron a empresas, estancias y propiedades del contratista.
El expediente se nutre de escuchas telefónicas, registros bancarios y material secuestrado en múltiples operativos. Según la pesquisa, Báez daba órdenes desde su celda valiéndose de una línea telefónica que se encontraba registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal.
Detenciones y hallazgos en la celda
La causa derivó en las aprehensiones de Claudia Insaurralde, pareja de Báez, y de Cristian Sebastián Ibáñez, apodado "Budín" y señalado como el operador territorial de la estructura. Ambos cayeron en manos de las autoridades en el aeropuerto de Ezeiza en medio de sospechas sobre una posible fuga.
Durante la requisa en el lugar de detención del empresario, los agentes hallaron un documento manuscrito titulado "EL CLAN", donde se detallaban los nombres de los integrantes de la supuesta red, además de contratos de alquiler y registros de deudas.
Detalles de la maniobra y ramificaciones
El foco de la investigación está puesto en la explotación comercial de estancias, inmuebles, alquileres y maquinarias que poseían medidas de embargo, decomiso o restricciones judiciales. Los fiscales intentan esclarecer si estos activos continuaron generando réditos económicos de forma ilegal.
Asimismo, el expediente se cruza con otra pesquisa por narcotráfico en la provincia de Santa Cruz, ya que uno de los colaboradores principales de Báez también se encuentra acusado de formar parte de una organización dedicada al transporte y comercialización de estupefacientes.
En contraposición, desde el entorno del empresario argumentaron que la explotación de los bienes y firmas se canalizó a través de administradores legales y mediante operaciones debidamente facturadas.
El juez federal Claudio Vázquez ordenó la prisión preventiva y fijó un plazo de dos años para profundizar la instrucción. De esta manera, Báez quedó formalmente imputado por asociación ilícita, lavado de activos agravado, defraudación e insolvencia fraudulenta.
