La mamá de Messi respondió a Flor Peña tras la fake news: qué le dijo después del escándalo
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
La causa por el brutal triple femicidio de Florencio Varela sumó un nuevo capítulo judicial. La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J" y señalado como presunto coautor de los asesinatos, presentó una apelación contra su procesamiento y, al mismo tiempo, impulsó un hábeas corpus en el que denunció un supuesto régimen de aislamiento extremo dentro del penal federal de Marcos Paz.
El planteo fue realizado por el abogado Lucas Contreras, quien cuestionó las condiciones de alojamiento de su defendido y reclamó la revisión urgente de las medidas de seguridad que actualmente pesan sobre él.
Según la presentación judicial, Valverde permanece bajo un régimen de máxima seguridad que incluye largos períodos de permanencia en una celda individual, restricciones en las comunicaciones y limitadas posibilidades de contacto con otros internos.
Para la defensa, estas condiciones constituyen un aislamiento excesivo e incompatible con principios constitucionales. Por ese motivo, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la normativa que regula ese sistema penitenciario y pidió la inmediata libertad del acusado por considerar que su detención se desarrolla en condiciones ilegales.
De manera subsidiaria, el abogado reclamó que "Pequeño J" sea trasladado a un sector con menores restricciones y que se amplíen sus posibilidades de comunicación con familiares directos.
Entre los pedidos concretos figura la autorización para realizar al menos dos videollamadas semanales con su madre y su hermana, quienes residen en Perú.
Procesado por un crimen que conmocionó al país
El reclamo llega apenas días después de que el juez federal Jorge Rodríguez procesara a Valverde como presunto coautor del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas el 19 de septiembre de 2025 en Florencio Varela en un caso que generó una profunda conmoción social.
La imputación incluye cargos por homicidio agravado bajo múltiples agravantes, entre ellos la participación premeditada de varias personas, la alevosía, el ensañamiento y la violencia de género.
De confirmarse esas acusaciones durante el proceso judicial, el imputado podría enfrentar una condena de prisión perpetua.
La estrategia de la defensa
Además de cuestionar las condiciones de detención, la defensa busca debilitar la acusación penal. En la apelación presentada ante la Justicia, Contreras sostuvo que no existen pruebas concluyentes que ubiquen a su cliente en el lugar de los hechos y afirmó que la investigación aún se encuentra en una etapa donde no se acreditó de manera suficiente su participación en el crimen.
Según el planteo defensivo, la imputación se apoya en elementos que todavía deben ser profundizados y corroborados durante el avance de la causa.
Mientras tanto, el expediente continúa bajo análisis de la Justicia Federal, que también investiga posibles conexiones entre el caso y organizaciones vinculadas al narcotráfico u otras estructuras criminales.
Con nuevos recursos judiciales en trámite y una investigación que sigue sumando pruebas, el proceso avanza en uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años en la provincia de Buenos Aires.
