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EL DIARIO digital
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El Gobierno nacional avanzó con una de las reformas laborales más sensibles de los últimos años y oficializó el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema que modificará la forma en que se financiarán las indemnizaciones por despido en el sector privado.
La medida quedó reglamentada este lunes mediante el Decreto 408/2026 y forma parte de la denominada Ley de Modernización Laboral impulsada por la administración de Javier Milei. Aunque inicialmente se esperaba una aplicación más inmediata, el Ejecutivo decidió postergar su entrada en vigencia hasta el 1 de noviembre de 2026.
El nuevo esquema obligará a las empresas privadas a realizar aportes periódicos a fondos específicos destinados exclusivamente al pago de indemnizaciones laborales. La intención oficial es reemplazar gradualmente el impacto financiero directo que hoy enfrentan los empleadores ante un despido.
Según establece la reglamentación, el sistema funcionará a través de fondos de inversión y fideicomisos financieros autorizados por la Comisión Nacional de Valores, que administrarán el dinero aportado por las compañías.
La recaudación quedará bajo control de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que integrará los aportes dentro del sistema de seguridad social. Para eso, cada empleador deberá informar un identificador especial denominado "ID FAL", que permitirá direccionar correctamente las contribuciones hacia el fondo correspondiente.
El régimen alcanzará exclusivamente al sector privado y excluirá tanto a empleados públicos como a relaciones laborales exceptuadas por la ley.
Uno de los puntos centrales de la reglamentación establece que los trabajadores deberán estar correctamente registrados y contar con al menos doce meses de antigüedad para acceder a la cobertura completa del sistema.
En caso de despido, el empleador deberá presentar una declaración jurada electrónica y la entidad administradora tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para transferir el dinero correspondiente al trabajador desvinculado.
El Gobierno también dispuso fuertes limitaciones sobre el destino de los fondos acumulados. El dinero únicamente podrá invertirse en instrumentos financieros emitidos y negociados dentro de la Argentina, bajo el argumento de impulsar la inversión productiva local y evitar la fuga de capitales.
Además, el decreto prevé beneficios fiscales para las empresas adheridas. Las contribuciones realizadas al FAL serán deducibles del impuesto a las Ganancias y permitirán una reducción equivalente en las cargas patronales, salvo en situaciones donde esa obligación se encuentre suspendida.
Mientras desde el oficialismo aseguran que el nuevo modelo busca "modernizar" el sistema laboral y darle previsibilidad tanto a empresas como a trabajadores, distintos sectores sindicales y especialistas laborales ya anticipan una fuerte discusión política y judicial alrededor de la reforma.
Hasta noviembre, organismos como la Secretaría de Trabajo, la CNV, ARCA y la Secretaría de Finanzas deberán redactar las normas complementarias necesarias para terminar de poner en marcha uno de los cambios más profundos del esquema indemnizatorio argentino.
