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EL DIARIO digital
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El Tribunal Oral Federal N.º 4 condenó este lunes a cinco años de prisión al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López por el caso Skanska, una de las primeras investigaciones por corrupción que involucró a exfuncionarios del kirchnerismo.
Los jueces concluyeron que ambos participaron en el cobro de sobornos durante el proceso de licitación y ejecución de las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, realizadas durante la presidencia de Néstor Kirchner.
También fue condenado un exdirectivo de Nación Fideicomisos
Además de De Vido y López, el tribunal impuso la misma pena a Néstor Ulloa, exgerente general de Nación Fideicomisos S.A.
Los tres fueron condenados por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta, e inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos, tal como había solicitado el fiscal federal Abel Córdoba.
La sentencia fue dictada por el tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez.
La audiencia se realizó de manera virtual
Los exfuncionarios siguieron la lectura del fallo por videoconferencia.
De Vido participó desde su domicilio en Zárate, donde cumple arresto domiciliario, mientras que López lo hizo desde el penal de Ezeiza, donde permanece detenido.
El primer gran caso de corrupción del kirchnerismo
La investigación conocida como caso Skanska fue una de las primeras causas de corrupción que involucró a funcionarios nacionales durante el primer mandato de Néstor Kirchner.
Según determinó la Justicia, la empresa sueca Skanska pagó coimas para asegurarse la adjudicación de las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur en 2004.
El expediente también concluyó que la compañía utilizó un sistema de facturas apócrifas emitidas por empresas fantasma para justificar pagos vinculados al esquema de sobornos y ocultar el destino del dinero.
La prueba que impulsó la causa
Uno de los elementos centrales de la investigación fue una grabación realizada dentro de la propia empresa.
En ese registro, un exejecutivo de Skanska reconocía la existencia de pagos irregulares destinados a garantizar la obtención de los contratos de obra pública.
Ese material, junto con otras pruebas documentales y pericias, permitió avanzar en una causa que se extendió durante casi dos décadas y terminó involucrando tanto a exfuncionarios como a directivos de la compañía.
Un fallo con fuerte impacto político
Al elevar la causa a juicio en 2019, el juez federal Sebastián Casanello sostuvo que existió un acuerdo entre empresas y funcionarios para elevar artificialmente los costos de las obras, provocando un importante perjuicio económico para el Estado.
Con esta sentencia, el Tribunal Oral Federal N.º 4 consideró acreditado que el proceso de adjudicación estuvo atravesado por el pago de sobornos y que parte de esos fondos fueron canalizados mediante operaciones comerciales ficticias.
No obstante, la condena aún no se encuentra firme y podrá ser revisada por instancias judiciales superiores si las defensas presentan los recursos correspondientes.
