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EL DIARIO digital
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El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su agenda de desregulación económica y anunció el envío al Congreso de una profunda reforma de la Ley General de Sociedades, con el objetivo de reducir controles estatales, flexibilizar el funcionamiento empresarial y otorgar mayor autonomía al sector privado.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego ampliado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien aseguró que la iniciativa apunta a modernizar el sistema societario argentino y atraer inversiones internacionales.
"Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá", afirmó el funcionario.
Según explicó Sturzenegger, el proyecto busca dejar atrás un modelo "rígido y anacrónico" basado en la desconfianza hacia el sector privado para avanzar hacia un esquema centrado en la libertad contractual y la autonomía empresarial.
Uno de los cambios más importantes es que las normas de la ley pasarían a tener carácter supletorio, lo que significa que prevalecerá lo establecido por los propios socios en los estatutos de cada empresa.
"Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios", sostuvo el ministro, quien además aclaró que las restricciones estatales pasarán a ser excepcionales y de interpretación restrictiva.
El proyecto también limita el poder de los registros públicos, que ya no podrán dictar resoluciones que restrinjan lo permitido por la ley.
En paralelo, la reforma elimina varias exigencias burocráticas históricas. Por ejemplo, el objeto social podrá ser amplio y abarcar múltiples actividades sin necesidad de conexidad entre ellas. Incluso, si una sociedad no especifica un objeto determinado, se entenderá que podrá realizar cualquier actividad lícita.
Para el oficialismo, esto implica "menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar".
Otro de los puntos más novedosos del proyecto es la posibilidad de que las sociedades sometan conflictos internos a legislación extranjera o a mecanismos de arbitraje internacional, una herramienta habitual en centros financieros globales como Dubái.
Además, las empresas podrán incorporar cláusulas arbitrales para resolver disputas sin depender de la Justicia ordinaria, uno de los aspectos que el Gobierno considera clave para agilizar negocios e inversiones.
La iniciativa también apuesta fuerte por la digitalización total del sistema societario. El proyecto habilita domicilios electrónicos, libros digitales, asambleas virtuales y constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica.
"Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia", remarcó Sturzenegger.
La reforma forma parte del paquete de transformaciones económicas y regulatorias impulsadas por la administración Milei, que busca avanzar hacia un modelo con menor intervención estatal y mayores facilidades para el sector privado, aunque el proyecto promete abrir un fuerte debate político y jurídico en el Congreso.
