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EL DIARIO digital
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La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni empezó a exponer con fuerza las tensiones internas dentro del gobierno de Javier Milei. Mientras avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el funcionario prepara la presentación de su declaración jurada patrimonial, aunque evita acelerar los tiempos pese a las crecientes presiones políticas desde distintos sectores del oficialismo.
Según trascendió, Adorni buscaría hacer pública la documentación recién a comienzos de junio.
La demora generó malestar dentro de La Libertad Avanza y abrió una nueva disputa interna que ya involucra a Patricia Bullrich y a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Desde el entorno del jefe de Gabinete dejaron en claro que no piensan modificar la estrategia por los cuestionamientos públicos.
"No lo van a apurar ni Bullrich ni Villarruel", sostienen cerca de Adorni, donde interpretan que detrás de las críticas existe también una fuerte pelea de poder dentro del oficialismo.
La situación generó especial incomodidad en la Casa Rosada después de que Bullrich reclamara públicamente que el funcionario presentara cuanto antes su declaración jurada y explicara su situación patrimonial.
Ese movimiento no cayó bien ni en el Presidente ni en Karina Milei, quienes consideran que la ministra rompió la estrategia comunicacional que el Gobierno intentaba construir alrededor del caso.
De hecho, el propio Milei salió rápidamente a respaldar a Adorni y acusó a Bullrich de haber "spoileado" un movimiento político que, según dijo, ya estaba previsto.
"Patricia adelantó lo que efectivamente iba a suceder", afirmó el mandatario durante una entrevista televisiva.
Pero la tensión no termina ahí.
La relación entre Villarruel y el círculo más cercano al Presidente atraviesa uno de sus peores momentos y el reclamo público de la vicepresidenta para que Adorni presente su declaración jurada fue interpretado dentro del oficialismo como otra señal de ruptura política.
Mientras tanto, el contador del jefe de Gabinete trabaja sobre la documentación patrimonial que buscará justificar distintas propiedades y viajes al exterior incluidos dentro de la investigación judicial.
En el Gobierno intentan minimizar el impacto político de la causa y aseguran que no existe preocupación inmediata por una eventual imputación formal.
"Creemos que tiene todo en regla", sostienen desde el entorno libertario.
La investigación está en manos del fiscal Gerardo Pollicita y del juez federal Ariel Lijo, quienes continúan reuniendo información financiera y patrimonial vinculada al funcionario.
Por ahora, en la Casa Rosada aseguran que no buscarán interferir en el expediente judicial y que esperarán el avance natural de la causa.
Sin embargo, puertas adentro del oficialismo ya reconocen que el caso empezó a transformarse en algo más delicado que una simple investigación patrimonial: se convirtió en otro capítulo de la feroz interna de poder que atraviesa al gobierno libertario.
