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EL DIARIO digital
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La historia tiene todos los condimentos de un expediente que promete escalar. El juez Ariel Lijo decidió avanzar sobre el teléfono del contratista Matías Tabar, luego de una declaración que dejó más preguntas que certezas: refacciones por USD 245 mil, pagos en efectivo y contactos previos con el propio Manuel Adorni.
La orden judicial apunta a lo más sensible: reconstruir conversaciones, incluso aquellas que fueron borradas o configuradas como temporales. En criollo, buscar si hubo algo más que simples mensajes de coordinación de obra.
Un celular que puede complicar más de lo que aclara
La pericia fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita y quedó en manos de la DATIP, el área técnica que suele intervenir cuando los expedientes necesitan meterse en las entrañas digitales de los protagonistas.
El dato que encendió las alarmas no es menor. Tabar aseguró bajo juramento que, antes de declarar en Comodoro Py, recibió llamados de Adorni vía WhatsApp con la intención de "hablar". Según su versión, el funcionario incluso le habría ofrecido algún tipo de asistencia previa.
El contratista dijo que lo evaluó, pero que finalmente dio un paso al costado para evitar sospechas. Sin embargo, la Justicia ahora quiere verificar si ese contacto existió, en qué términos y con qué frecuencia.
Dólares en efectivo y sin facturas: el corazón del escándalo
El otro punto caliente del expediente es el circuito del dinero. Tabar sostuvo que las refacciones en la vivienda del country Indio Cuá donde reside Adorni comenzaron con un presupuesto de USD 94 mil, pero terminaron trepando a unos USD 245 mil.
Lo más delicado:
Pagos en efectivo
En dólares
Sin facturación
Un combo que, en cualquier investigación judicial, enciende todas las alertas sobre posibles irregularidades fiscales o patrimoniales.
Las obras incluyeron desde remodelaciones estructurales hasta mejoras estéticas: cocina, iluminación, pileta, revestimientos y mobiliario. Todo documentado, según el testigo, con fotos y videos que ya forman parte del expediente.
La política mete presión, pero la fiscalía pone el freno
En paralelo, la diputada Marcela Pagano intentó acelerar el caso con un pedido explosivo: la detención inmediata de Adorni por supuesto riesgo de entorpecer la investigación.
Pero la fiscalía bajó la espuma. Pollicita rechazó esa solicitud al considerar que no hay elementos suficientes para justificar una medida de ese calibre. Ni siquiera prosperó, por ahora, la alternativa de prohibirle al funcionario contactar testigos.
Lo que viene: más testigos y otra operación bajo sospecha
La causa no se detiene. En los próximos días deberá declarar Leandro Miano, vinculado a otra operación inmobiliaria que también quedó bajo la lupa.
Según consta en el expediente, en la compra de un departamento en Caballito habría existido:
Un pago de USD 30 mil en efectivo
Un saldo de USD 200 mil sin interés
Una estructura de financiamiento, cuanto menos, poco habitual para el mercado formal.
Un expediente que recién empieza
Con el teléfono de Tabar en manos de los peritos, la causa entra en una fase clave. Si aparecen mensajes comprometedores, el escenario puede cambiar de manera abrupta.
Por ahora, lo único claro es que la combinación de dinero en efectivo, vínculos previos y comunicaciones "temporales" dejó de ser un detalle menor para transformarse en el eje de una investigación que empieza a incomodar en serio dentro del poder.