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Lijo activa la lupa sobre contrataciones

Lijo activa la lupa sobre contrataciones
Lijo activa la lupa sobre contrataciones
La Justicia federal empezó a mover piezas en un expediente que, por ahora, avanza en silencio pero con potencial alto voltaje político. El foco: posibles vínculos entre contratistas del Estado y el entorno del poder.

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El juez Ariel Lijo ordenó una batería de medidas para determinar si empresas vinculadas a Bettina Angeletti —esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni— mantuvieron contratos con el Estado nacional.

La investigación se abrió a partir de un requerimiento del fiscal Carlos Stornelli, tras una denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano.

Por ahora, no hay imputados. Pero el expediente ya empezó a recolectar documentación clave.

Qué está investigando la Justicia

El juzgado pidió copia completa de expedientes administrativos vinculados a distintos servicios sensibles, entre ellos:

Plataformas de comunicación directa y seguimiento

Envío masivo de SMS y mensajería

Implementación de herramientas como Jira y Confluence

Servicios de correos transaccionales

La explotación comercial del predio Tecnópolis

Además, se requirió a la Inspección General de Justicia los legajos de varias firmas para analizar su estructura societaria y detectar posibles conexiones.

Empresas bajo análisis

La investigación apunta a reconstruir un posible entramado empresarial. Entre las firmas mencionadas aparecen:

AREA TECH S.A.

ATX S.A.

MOVILGATE S.R.L.

LUGALU S.A.

EQUILA S.R.L.

TSOFT INFORMÁTICA S.A.S.

TECNOSOFTWARE S.A.

En paralelo, se pidió información a la Oficina Nacional de Contrataciones sobre compañías como DATCO S.A., National Shipping S.A. y Foggia Group S.A., para determinar si fueron adjudicatarias de contratos públicos.

El eje: posible conflicto de interés

El punto central del expediente es determinar si la consultora +Be —de la que sería socia Angeletti— tuvo vínculos con empresas que prestan servicios al Estado.

La hipótesis que se analiza, según el dictamen fiscal, es si existió algún "proceso de simulación" en contrataciones que pudiera derivar en un conflicto de interés entre funciones públicas y negocios privados.

También se mencionan relaciones comerciales con el Grupo Datco, proveedor habitual de servicios tecnológicos para organismos estatales, y con otras compañías con antecedentes de contratación en áreas estratégicas.

Un expediente que recién arranca

El caso está en una etapa preliminar, pero con un alcance amplio. La Justicia busca reconstruir circuitos, vínculos societarios y eventuales beneficios cruzados.

Por ahora no hay acusaciones formales, pero el expediente ya dejó en claro algo: cuando la política y los negocios aparecen en la misma mesa, la lupa judicial no tarda en encenderse.

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