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EL DIARIO digital
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En silencio administrativo pero con impacto directo en miles de prestaciones, el Gobierno de Argentina oficializó un aumento del 2,9% en los aranceles del sistema de discapacidad. La medida, publicada en el Boletín Oficial, lleva la firma de la Secretaría Nacional de Discapacidad bajo la órbita del Ministerio de Salud.
El ajuste, correspondiente a marzo, replica la variación del IPC de febrero. En los papeles, es una actualización técnica. En la práctica, vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda: si estos incrementos alcanzan —o no— para sostener el sistema.
Un aumento que sigue la inflación… pero no despeja dudas
El incremento del 2,9% se aplica de manera uniforme a todas las prestaciones del nomenclador vigente, sin distinción de servicios. Es parte del mecanismo de actualización periódica que busca evitar el congelamiento de valores en un contexto inflacionario.
El problema es otro: muchos prestadores vienen advirtiendo que los costos reales corren por delante de estos ajustes. Y ahí aparece la tensión entre la lógica fiscal y la sostenibilidad del sistema.
- Números que impactan, pero con margen ajustado
- Con la actualización, algunos valores de referencia muestran el alcance de la medida:
- Centros de día con jornada doble (categoría A): cerca de $977.500 mensuales
- Hogares permanentes: por encima de $1,83 millones
- Prestaciones de rehabilitación con internación: superan los $5,2 millones
Son cifras elevadas en términos absolutos, pero que —según actores del sector— siguen siendo insuficientes frente a los costos operativos, salarios y mantenimiento de servicios especializados.
- El sistema bajo presión estructural
La medida impacta directamente en el Sistema de Prestaciones Básicas creado por la Ley 24.901, que regula desde transporte hasta rehabilitación, pasando por educación especial y centros terapéuticos.
Se trata de una red crítica que depende de financiamiento constante y previsibilidad. Y ahí es donde surgen las fricciones: cada actualización es leída no solo como un ajuste técnico, sino como una señal política sobre el lugar que ocupa la discapacidad en la agenda pública.
Patagonia con plus, pero el reclamo sigue
La resolución mantiene el adicional del 20% por zona desfavorable para prestaciones en la región patagónica, un reconocimiento a los mayores costos logísticos y operativos. Sin embargo, el diferencial no alcanza para apagar los reclamos.
Entre la planilla y la realidad
El Gobierno sostiene el esquema de aumentos atados a la inflación, con la lógica de orden macroeconómico. Del otro lado, prestadores y familias advierten que el sistema funciona al límite.
El dato es concreto: el ajuste ya está vigente. La discusión, en cambio, está lejos de cerrarse. Porque cuando los números no cierran, el impacto no queda en las planillas —se siente en la atención diaria.
